La acción judicial se radicó en la Fiscalía Federal, a cargo de Enrique Senestrari, donde también quedó sentada la información dada a conocer por Tomás Méndez sobre una presunta recompensa ofrecida a quien se encargara de “darlo vuelta”.
“Ayer (por el lunes) una persona de Villa El Libertador que ha trabajado con nosotros en algunas investigaciones, escuchó en una reunión que se habló de un negocio en el que había 300 mil pesos para darlo vuelta a Tomás. La llamó a una abogada que trabaja con nosotros y ella me avisó a mí”, relató el periodista ayer a Canal 10.
Además, indicó que en dicha presentación el informante brindó precisiones sobre nombres y lugares que forman parte de la investigación. Respecto a su seguridad personal, Méndez comentó que, desde hace unas semanas, cuenta con custodia en su vivienda particular pero “ahora con esto que pasó estoy desorientado”.
“Las fuerzas de seguridad deberían estar atentas. Está muy enrarecido el clima de la provincia. Las torpezas cometidas con el caso (Juan) Alós, entre otros, demuestra que no se han manejado bien hasta ahora”, señaló en diálogo con el programa Crónica Matinal. A propósito de ello y partir de los nuevos datos que se van conociendo en torno a la muerte del oficial Juan Alós (ver página 21), el conductor consideró que debe dejar de referirse al hecho como un “suicidio” para “comenzar a hablar de una muerte”.
Por otro lado, Méndez comentó a radio Universidad que el intendente Ramón Mestre se comunicó con él para transmitirle su solidaridad ante las amenazas mientras que desde el Gobierno de Córdoba no recibió ningún llamado en ese sentido.
Sin embargo, consultado ayer por los medios de comunicación el gobernador José Manuel de la Sota opinó al respecto: “Tenemos una probada actitud en favor de la libertad de prensa y todo lo que sea necesario para garantizarlo. La Justicia tomará las medidas necesarias”.
Adhesiones
Mientras tanto, los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) exigieron a la Provincia que “garantice” la seguridad del periodista. Mediante un comunicado los SRT señalaron que “ante la gravedad” de las amenazas recibidas por Méndez “a causa de sus recientes investigaciones sobre narcotráfico” que involucra a policías de la provincia, en su programa ADN, el directorio del ente universitario, “junto a todos sus trabajadores, instan a los poderes del Estado a tomar las medidas pertinentes a fin de salvaguardar su integridad física y la de toda su familia”. “Desde los SRT manifestamos nuestro total apoyo a la labor periodística que desarrolla Tomás Méndez y reiteramos nuestro firme compromiso con la audiencia de informar de manera confiable, responsable y plural que ha caracterizado a nuestros servicios informativos”, añade el comunicado.
Por su parte, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) expresó su “preocupación por la integridad física del compañero Tomás Méndez, como así también la de los compañeros que integran la producción del programa ADN”. Además, responsabilizó “al Gobierno provincial por la integridad física de Méndez y su equipo y exige se investigue hasta las últimas consecuencias este nuevo hecho intimidatorio que afecta a todo el quehacer periodístico de Córdoba”.
Por otro lado, el bloque de legisladores del Frente Cívico a través del parlamentario Ricardo Fonseca, presentó en la Unicameral dos proyectos de declaración para manifestar, por un lado, “su preocupación y más enérgico rechazo por la amenaza de muerte recibida por el periodista cordobés Tomás Méndez”. Mientras que por el otro, los parlamentarios repudiaron “el mensaje mafioso que recibiera el senador Luis Juez” cuando, en un asalto al domicilio de su hermana Marcela Juez, los malvivientes le recomendaron a la mujer que su hermano “se calle la boca”.
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