En otra conflictuada sesión, el oficialismo y sus aliados parlamentarios en la Cámara de Diputados frenaron anoche el tratamiento de un proyecto de ley que busca modificar la legislación existente de pensiones provinciales. La iniciativa pretende incluir a sectores que aún no están contemplado en los subsidios y mejorar el monto del mismo, actualmente establecido en la irrisoria suma de $28.

El proyecto de ley, autoría del justicialista Carlos Rubín, estaba incluido en el Orden del Día de temas a tratar en el encuentro parlamentario de ayer con dictamen favorable de la comisión de Legislación del Trabajo, órgano consultivo que incorporó modificaciones al texto original.

Sin embargo, al ser tratado, la radical Alejandra Seward solicitó que el expediente sea girado a la comisión de Hacienda y Presupuesto, ya que dicho órgano es el encargado de evaluar cuál sería la demanda de fondos para hacer frente a la incorporación de nuevos beneficiarios a las pensiones graciables y la actualización del importe que se abona a los titulares del subsidio.

Tal decisión del oficialismo, de frenar el tratamiento legislativo del proyecto para estudiarlo con más profundidad, fue el detonante para un arduo debate que se desmadró del tema puntual (la modificación de la legislación existente) y cruzó a diputados, de una y otra bancada, en otra de las tantas discusiones que están habituados a ofrecer semana tras semana.

En esta ocasión, desde el opositor justicialismo se aseguró que es inhumano no garantizar el subsidio (señalaron que se trata de un derecho) para 200 indigentes correntinos que hoy perciben $28 mensuales, cifra que se elevaría a un cuarto de lo que percibe un empleado ingresante a la administración pública provincial.

El radical Manuel Aguirre dijo que entregar subsidio es “vergonzoso” y que la apuesta del Gobierno provincial se centra en respaldar la producción y la creación de puestos genuinos de trabajo. El liberal Alejandro Sitjá y Balbastro tildó a las ayudas sociales como “indignas”.

El ataque a la “ley motiv” de la existencia del justicialismo fue suficiente para que los diputados peronistas (todos, con excepción de -curiosamente - el autor del proyecto, Rubín) criticaran duramente al oficialismo.

“Cuando el subsidio es para los ricos, como por ejemplo a los productores por la sequía, nadie se opuso. Ahora, como es para los pobres, el oficialismo no quiere aprobarlo”, dijo el justicialista Tamandaré Ramírez Forte. Su compañera de bancada, María Inés Fagetti agregó que está harta de la “cantinela (SIC) de la producción en estos últimos 10 años”. “Pero hasta que pueda dar frutos esta apuesta, en 10 o 20 años, muchos morirán, sufrirán desnutrición. Ellos, para este Gobierno provincial, no tienen justicia social”, concluyó.