En el proyecto aún no presentado, se establece la necesidad de que este beneficio sea para aquellos productores que acreditan la posesión veinteñal de las tierras que ocupan.

Se agrega la necesidad de que mientras pasen esos cinco años, se instrumente un relevamiento a nivel nacional y un mecanismo administrativo que garantice el derecho de acceso a la tierra para quienes la poseen, regularizando el dominio y entrega de las mismas.

Con similares argumentos aludidos en este proyecto, la APPCHS y el concejal Hugo González, de Embarcación, lograron el pasado 21 de abril que se apruebe por unanimidad un proyecto de Declaración por el cual se solicita al gobierno provincial y a la Legislatura la mediación necesaria para encontrar solución al reclamo social y al conflicto imperante sobre la tenencia de la tierra en los departamentos San Martín y Rivadavia.

La presentación, solicitada por la entidad que representa a 250 familias campesinas de Hickman, Dragones, Pluma de Pato, Morillos, Los Blancos, y Padre Lozano, se hizo ante "los innumerables juicios de desalojos iniciados contra ellos como el caso de Atencio Jaime", uno de los ocupantes de las tierras que afrontó una causa en la cual la Justicia ya resolvió el desalojo.

Consecuencias del "boom" de la soja

En el proyecto que se presentará en el Congreso Nacional y el que se aprobó en Embarcación, se indicó entre los argumentos que la solicitud se enmarca en el régimen jurídico internacional al que adhirió el país, y la necesidad de que se reconozca el acceso a la tierra como un derecho legítimo.

Se sostuvo que los desalojos comenzaron a incrementarse en la década del 90 y trajeron consigo la expansión de la frontera agrícola, mientras que en algunas zonas (sobre todo del NOA y el NEA), hubo condiciones de irregularidad en los registros públicos. A esto se sumó la falta de políticas de regularización dominial y ordenamiento territorial que otorguen el título de propiedad a los pobladores históricos que carecían de ellos.

Estos datos fueron reflejados por los censos nacionales agropecuarios de 1988, 2002 y 2008. En el primer lapso, se constató la desaparición de 87.688 agricultores.

En el segundo, 59.943. Estos números corresponden a la categoría de pequeño productor agropecuario. Otra de las cifras que se señaló, representa esta situación es que en 2002 había 6.211.243,2 hectáreas ocupadas con carácter precario, "es decir, sin título de propiedad ni contrato escrito que avale la tenencia". En tanto, dentro de 1.759.708 hectáreas había ocupaciones de hecho.

Antes de que se establezca el conocido "boom sojero", que dio lugar a la expansión de la frontera agrícola, en el NOA y el NEA se generó la posesión precaria de campos privados "por décadas o generaciones".

Por muchos años, los titulares registrales no encontraron incentivos para la explotación. Así, las tierras abandonadas fueron ocupadas "pacíficamente", por campesinos "cuya subsistencia depende de las tierras que trabajan".

Pero con la revalorización de las tierras por la introducción de la soja, no solo se generaron efectos medioambientales negativos, sino "violentos conflictos por la tierra entre los antiguos y tradicionales poseedores y los titulares registrales actuales que reivindican la tierra libre de monte y poseedores", y por lo tanto, impulsan en la Justicia causas para concretar así los desalojos.