El organismo es una asociación civil que tiene como función controlar y asistir a quienes salen de la cárcel o están en libertad condicional, y a los beneficiarios de la suspensión del juicio a prueba. Hoy, según Fresco, ese grupo es "bastante más" que 1.212 personas.

"Ahora estamos en crisis, pero hace rato que la situación es grave. Hoy por hoy es imposible llevar adelante la tarea que debe cumplir el Patronato. Hace 15 años sólo tenía que controlar y asistir a unas pocas personas, pero con la aplicación de la probation o suspensión de juicio a prueba, nos han desbordado. Muchas personas consiguieron ese beneficio, pero el organismo debió hacer frente a ello con la misma estructura y el mismo personal", expresó el camarista.

La probation es una figura que apunta a evitar el encarcelamiento, y originalmente se aplicaba a delitos con una pena máxima de tres años, aunque luego ese criterio se amplió. También busca evitar que lleguen a sentencia procesos de poca importancia. El sospechoso o imputado se compromete a reparar el daño y/o a cumplir tareas comunitarias a cambio de no ir a juicio. Si durante un determinado período cumple con esas obligaciones ni siquiera le queda el antecedente penal. La mayoría de los tutelados por el Patronato son beneficiarios de la suspensión del juicio a prueba.

"Lo nuestro es una cuestión meramente formal, porque no estamos en condiciones de cumplir con las funciones del Patronato", aceptó abiertamente Fresco. Y acotó: "Es el único patronato del país que sigue funcionando como asociación civil. En el resto del país el control y la asistencia está a cargo de una dirección u otro tipo de organismo, excepto en la Ciudad de Buenos Aires donde el patronato existe como tal pero con una estructura absolutamente diferente a la nuestra".

- ¿En los hechos concretos, pueden saber si alguien que debe cumplir una tarea comunitaria, por ejemplo de dos horas semanales, la cumple o no?

- No, no podemos, porque no tenemos vehículos, ni medios, ni dinero. Solamente podemos citarlo al Patronato cada 15 días o un mes; pero no tenemos un control efectivo de esa persona. En otras provincias, en cambio, se los asiste, se firman convenios con empresas para que realicen tareas comunitarias... todo es distinto. Hace poco tuve una reunión en el sur y lamentablemente terminé de comprobar que estamos muy atrasados.

- ¿Puede decirse que el de La Pampa es el patronato que peor funciona en el país?

- Sí, es el peor. Reitero que es el único que sigue siendo una asociación civil. Y la verdad es que estamos asumiendo responsabilidades que no podemos cumplir.

"No se toma conciencia".

Más adelante, Fresco recordó que lleva algo más de un año al frente del organismo, y que la única condición que puso al ser designado presidente fue que la problemática se hiciera pública y que se hablara con quienes tienen poder de decisión para modificarla. En julio, él y otros miembros de la comisión directiva, presentaron ante los diputados de la Comisión de Legislación General un proyecto alternativa: que el organismo pase a depender del Ministerio de Gobierno y que se cree una Subsecretaría o Dirección de Control, Seguimiento y Asistencia de Personas en conflicto con la ley penal. "En todos los lugares tuvimos un eco positivo", aseveró el juez.

- Ese apoyo lo recibieron de palabra, porque en los papeles pareciera que no consiguieron nada.

- Ese es el punto. El proyecto, nos dijo la diputada (Mariana) Baudino, será tratado este año. O sea que estamos hablando por lo menos para dentro de seis o siete meses, más el tiempo que pueda llevarle al Poder Ejecutivo ponerlo en marcha. El Patronato pasó a tener una función muy importante, a partir de que hay más gente para asistir y controlar. Y es necesario que el Estado monitoree especialmente a quienes salen en libertad para que no reincidan. Yo sé que nuestra tarea es chiquita, mínima, pero si la hacemos es para hacerla bien. No tiene sentido querer hacer algo que sabemos que no podemos cumplir.

- Una cuestión específica: ¿qué le responden en el Ejecutivo, en la Legislatura o en la Justicia cuando explican que no pueden hacer más nada?

- Nos dan la razón.

-...

- Hay un desconocimiento de lo que es y significa la institución. No se tiene idea para qué funciona. Por eso tenemos que empujar mucho para que se empiecen a tomar conciencia. A nivel nacional hay una dirección que a su vez nos empuja a nosotros, aunque esa realidad choca con otra: hay poco interés por el tema. Nadie toma conciencia de que el Estado debe reasumir la potestad del contralor.

- Por ley, el Estado provincial está obligado a otorgarle fondos. ¿Cuánto reciben anualmente?

- Alrededor de 110.000 pesos.

- ¿Para qué les alcanzan?

- Sólo para pagarle a los empleados. El Superior Tribunal de Justicia, a modo de colaboración porque no está obligado, nos prestó una oficina, nos da el papel y un teléfono... Todos los meses, o cada dos meses, hay que presentar notas para conseguir presupuesto. Luego demoramos dos o tres meses en cobrar, y cuando pagamos no podemos cubrir los intereses... Es una lucha. En General Pico, por ejemplo, funcionábamos en una oficina de la Unidad 25, pero como el Servicio Penitenciario la necesitaba nos quedamos sin un espacio físico. Y tampoco tenemos dinero para alquilar otra. Por eso cerramos.

Intimación de una obra social

Fresco contó que el organismo fue intimado por la obra social de los empleados. "Esa deuda, junto a lo que debemos de sueldos, anda en los 10.000 o 15.000 pesos. No es mucha, pero no tenemos cómo pagarla". Incluso de los seis empleados y/o colaboradores ya hay uno menos, porque en General Pico renunció una asistente social que venía trabajando desde hace un tiempo. ¿El motivo? El atraso salarial. "Y no hablamos de sueldos altos", acotó Fresco.

¿Los jueces de paz?

El presidente Fresco dijo que una posible solución es que, en las localidades pequeñas o medianas, los controles estén a cargo de los jueces de paz. "Nosotros no podemos tutelar más; quizá ellos puedan hacer algo, aunque en Pico (donde se cerrará la sede) será más complicado. La verdad es que hoy solamente pedimos (a los tutelados) que fijen un domicilio y pasen por el Patronato a firmar un cuadernito (sic)".

Una carga extra es el contralor de los presos o egresados de la justicia federal. "Hay un convenio que se firmó hace un siglo... Ahora se firmaría uno nuevo y recibiríamos fondos, pero tampoco es sencillo. La persona debe sentirse controlada y monitoreada por el Estado. Es la forma de ayudarla. El Estado tiene que preocuparse, asumir su responsabilidad y aportar más personal. Haciéndolo bien, no es tan complicado".

El presidente del organismo remarcó que con la puesta en marcha, en marzo, del nuevo Código Procesal Penal, las funciones del Patronato se ampliarán. "Todo indica que jugará un papel importante. En el país, el Estado reasumió su tarea asistencial. Los viejos patronatos no existen más".