Desde la salida de la convertibilidad, en la ciudad se han construido más de 15 millones de metros cuadrados, según el Ministerio de Desarrollo Urbano. Esto significa unas 152 mil viviendas nuevas. Sin embargo, la construcción se concentró en barrios que ya estaban muy poblados -Palermo, Villa Pueyrredón y Caballito- y para poder ocuparlos fue necesario desplazar a los vecinos de menor poder adquisitivo, sea desalojando los hoteles, pensiones y casas tomadas o encareciendo el valor de los alquileres y de la propiedad. Pero los pobres no fueron los únicos que fueron expulsados de esos barrios: ladrillo sobre ladrillo, miles de casonas antiguas que le daban su elegante impronta a la ciudad también fueron desapareciendo. Allí comenzó una disputa hasta entonces minimizada: la cuestión de la defensa del patrimonio urbano, de la riqueza arquitectónica y urbanística, histórica y cultural que distingue a la Reina del Plata, que no en vano fue llamada así.

La demolición continua de inmuebles en esos barrios fue creciendo a medida que la situación económica mejoraba y el ladrillo se fue convirtiendo en el refugio del ahorro, pero también de la creciente especulación inmobiliaria. Los precios de la propiedad crecieron hasta tocaron niveles históricos. La concentración se hizo cada vez más evidente: el último Censo Nacional arrojó que en la ciudad de Buenos Aires, cuya población se mantiene estable desde hace casi medio siglo, existen 340 mil viviendas vacías, mientras que la crisis habitacional afecta a no menos de medio millón de personas, según datos de la Defensoría del Pueblo.

En este contexto, surgieron numerosas organizaciones que defienden lo que consideran la identidad arquitectónica de Buenos Aires. Algunas de ellas cobraron mayor visibilidad, como Basta de Demoler o Queremos Buenos Aires, y lograron imponerse en la agenda de los medios, presionar en la Legislatura e incorporar a los vecinos en la lucha por el patrimonio.

De esa lucha, surgió la ley 2.548 de Promoción Especial de Protección Patrimonial, que estipula que los inmuebles construidos antes de 1941 deben ser evaluados por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) antes de ser intervenidos. La experta Mónica Capano encabezó desde 2010 la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural, integrante del CAAP. Y fue decisiva para que ese "sello de goma" -así lo definió Capano- se convirtiera en un lugar de resistencia a la furia demoledora.

Pero el Gobierno de la Ciudad no se quedó de brazos cruzados. Primero, la ley 2.548 no fue prorrogada en 2011 por decisión del bloque PRO. Luego, tras la reacción de las ONG, que interpusieron un amparo y lograron mantener vigente la normativa, fueron por el CAAP. Y Capano, con mandato vencido, tuvo que dejar el cargo en medio de una fuerte polémica.

La reacción no tardó en llegar. Según pudo saber Diario Z, el Frente para la Victoria de la ciudad promueve la creación de una Defensoría del Patrimonio en el ámbito de la Defensoría General, que encabeza el abogado Mario Kestelboim. La iniciativa cuenta con el apoyo de los tres senadores porteños: Daniel Filmus (FpV), Samuel Cabanchik (Proyecto Buenos Aires Federal) y María Eugenia Estenssoro (Frente Amplio Progresista).

"La idea es unir a las organizaciones que luchan por el patrimonio y abrirles un lugar en el que puedan canalizar sus reclamos", señaló una fuente que estuvo al frente de las gestiones para conformar la nueva defensoría. "Las personas van a poder litigar sin gastos y acceder a la información de manera mucho más efectiva", agregó.

Los lobbies de los desarrolladores inmobiliarios tienen una razón de ser: a pesar del frenético ritmo de la construcción, el 76,7 por ciento de las viviendas porteñas tienen entre uno y dos pisos, según datos del Ministerio de Desarrollo Urbano. Allí algunos ven un gran tesoro.