¿Qué pasó con el impuesto a bebidas azucaradas e iglesias en la reforma tributaria?

¿Qué pasó con el impuesto a bebidas azucaradas e iglesias en la reforma tributaria?

El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla explicó porqué no se incluyó en la reforma tributaria el impuesto a bebidas azucaradas, iglesias y bancos.

Ayer llegó al Congreso de la República el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, nombre que recibe la tercera reforma tributaria del Gobierno del presidente Iván Duque. Aunque el Ministerio de Hacienda atendió a algunas recomendaciones de los congresistas, otras como impuestos a las bebidas azucaradas, iglesias y bancos no fueron incluidas en el texto final.

El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla explicó los motivos por los cuales esas propuestas que para algunos congresistas evitarían sumar impuestos a la clase media, no fueron incluidas en el proyecto de ley que fue radicado. 

En primer lugar está el impuesto a las bebidas azucaradas, una propuesta de la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, según había detallado la congresista, es una oportunidad no solo para generar ingresos al Estado sino para proteger a los niños, ya que del total de muertes en el país, el 3.4% es atribuida a la diabetes, donde el 13% son causadas por las bebidas azucaradas. 

En Colombia, se destinan 25 billones de pesos anualmente para atender esta calamidad de salud pública, por eso un impuesto nacional al consumo de bebidas azucaradas con tarifa del 20% le significaría al Estado al menos 1.4 billones de pesos al año.

El ministro afirmó que esta propuesta no se incluyó porque no están seguros de los efectos que podría tener, pero entienden que será uno de los puntos que se debatirá en el Congreso y aseguró que hay disposición para dar ese debate que ya se ha dado en muchos países. 

"No lo incluimos pero somos conscientes que eso entrará en la discusión del Congreso. Recordarán que el presidente tiene mucho escepticismo sobre la bondad de este impuesto, yo mismo no estoy seguro de que ese impuesto tenga los efectos sobre las externalidades en la salud de la ciudadanía", indicó Carrasquilla. 

Sobre el impuesto de renta para las iglesias, la representante había señalado que es entendible que las iglesias no aporten tributariamente cuando tienen ingresos brutos superiores a los 5.4 billones de pesos y patrimonios líquidos avaluados por más de 13 billones de pesos. 

"Saquémoslas del beneficio del artículo 23 del Estatuto Tributario y hagámoslas contribuyentes del impuesto de renta. Estas podrían aportar al menos 1.8 billones de pesos al año", había manifestado la representante. 

La propuesta había causado molestia en los sectores religiosos, el senador y pastor Jhon Milton Rodríguez, del partido Colombia Justa-Libres, había rechazado tajantemente la iniciativa, alegando que las iglesias ya pagan impuestos como el IVA y los parafiscales. Además, dijo que si se impusiera el impuesto de renta a las iglesias se tendría que empezar a cobrar la entrada y otros servicios que ofrecen. 

"Las iglesias son parte de un universo que conocemos tributariamente como entidades sin ánimo de lucro, hemos llegado a la conclusión como sociedad de que esas entidades tengan un tratamiento especial desde el punto de vista tributario", afirmó Carrasquilla sobre el porqué no se incluyó el impuesto de renta para las iglesias. 

Otra propuesta que no fue incluida en la Ley de Solidaridad Sostenible es la del senador conservador David Barguil, quien propuso que los bancos paguen una sobretasa permanente del 6% en el impuesto de renta. Como a partir del año 2023 la tarifa general va a quedar en 30%, plantea que su aporte sea del 36% sin disminuciones en los siguientes años.

Según sus estimaciones, el recaudo adicional será aproximadamente de un billón de pesos al año. Barguil propone que la destinación de esos recursos durante los próximos 10 años se distribuya en un 50% para las vías rurales y el otro 50% para la infraestructura educativa del país. 

A diferencia de las anteriores alternativas, sobre esta el ministro de Hacienda se mostró en contra y, aunque afirmó que darán el debate, a su juicio resulta una medida inconveniente. 

"No es conveniente, distorsiona, hace complejo al sistema. No me parece que tenga equidad transversal. Lo discutiremos pero el Gobierno no lo apoya", concluyo el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.

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