La Argentina recibió en Nueva York un nuevo e importante respaldo en su lucha contra los fondos buitre. Por abrumadora mayoría, ayer, en lo que se conoce como la Segunda Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, 128 países ratificaron su decisión de trabajar en la construcción de un marco regulatorio para la reestructuración de las deudas soberanas. Fueron cuatro votos más que en la votación de septiembre pasado y se repitieron los 16 negativos. Esto provocó que el canciller Héctor Timerman afirmara, desde Quito, donde se realiza la reunión de la Unasur, que no sólo es un día de felicidad sino también que "los organismos internacionales y aquellos países que por ahora se oponen al marco regulatorio tienen que entender que hay que respetar a las mayorías y que no puede existir un voto calificado en la ONU".

El proceso para llegar a lo que se puede definir como la sanción definitiva del marco regulatorio, necesidad que fue aprobada en la asamblea de la ONU en septiembre pasado, incluye la conformidad de una resolución de modalidad de trabajo que exigen estas negociaciones intergubernamentales. La modalidad es una agenda de trabajo y ayer fue aprobada cosechando más votos que en septiembre. Esto no fue fruto de la casualidad ni del azar. Desde hace casi tres meses, la delegación argentina ante la ONU, que conduce la embajadora María Cristina Perceval, viene trabajando en el marco del G77+China que preside el embajador por Bolivia, Sacha LLorenti Solis. No fue una tarea fácil porque tanto los Estados Unidos como Inglaterra, Japón y Canadá presionaron a los países más débiles para que voten en contra y así detener el avance de este proceso. La presión incluyó advertencias sobre la posibilidad de perder líneas de créditos, pero aun así se sumaron más votos que la vez anterior.

En ese marco se entiende la frase de Timerman: "Lamentablemente, algunos de los países que deberían estar participando porque son responsables de lo que está sucediendo con las deudas soberanas, se han dedicado a boicotear todo el proceso, a tratar de convencer a los países de votar en contra y, no obstante, se ha mantenido la unidad, logrando cuatro votos más que los que se obtuvo en septiembre."

Los países que se oponen a la iniciativa argentina sostienen que la ONU no es el ámbito adecuado para debatir este tipo de problemáticas y proponen que se realice en algunos organismos multilaterales de crédito como el FMI. Ayer, tanto Perceval como Llorenti Solis reiteraron un concepto que desnuda la falacia de la propuesta de los países centrales. "Los 16 países que votaron en contra representan en la Asamblea de la ONU el 8,29% pero son el 45,73% en el FMI. Ahí está la respuesta a su negativa a debatir en Naciones Unidas", dijeron casi a coro los representantes de Argentina y Bolivia.

Durante la reunión de la Segunda Comisión, Perceval habló ante sus pares de los otros países que conforman la ONU. La embajadora, parafraseando a la presidenta Cristina Fernández, afirmó que si bien se puede ver al accionar de los fondos buitre como "la acción marginal de un puñado de extorsionadores financieros", lo cierto es que representan una prueba de "la tendencia del capitalismo financiero en el presente y hacia el futuro, en la que sobre la base de la absoluta desregulación, la especulación desenfrenada termine definiendo el marco de la acción política, la soberanía de los Estados y condenando a la anarquía a la arquitectura financiera internacional".

Perceval afirmó, ante una atenta asamblea, que la propuesta argentina, que se canaliza a través del G77+China, pretende ayudar a dirimir "una vieja cuestión que estructura todo proyecto a saber dónde reside la soberanía: si en el conjunto de la sociedad, o si pasará a ser un aditamento más del accionar de los fondos buitre o de una economía de malhechores".