El insólito escape de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez funcionó como un terremoto en el entonces incipiente gobierno de María Eugenia Vidal. Fue, sin dudas, su primera crisis: faltaban horas para fin de años cuando se fugaron tres de los delincuentes más importantes del país, con el agravante de la denuncia que uno de ellos había hecho meses atrás contra el gobierno saliente.

Ansioso por tener una respuesta inmediata –que finalmente se prolongó 15 días-, el Ejecutivo bonaerense ofreció una recompensa. Se trató de una medida usual para este tipo de casos, aunque con la diferencia de la suma. La suma fue la máxima admitida por la ley, dos millones de pesos. Se haría acreedor de ese premio quien aportara datos certeros sobre el paradero de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, que pudiera ayudar a su captura.

Con seguridad, ni Vidal ni el ministro Cristian Ritondo pudieron pensar entonces que el dinero podía terminar en otra provincia. Tampoco que no sería la policía bonaerense –tampoco las fuerzas federales- la que arrestarían a los hombres más buscados.

Consumadas las detenciones, hoy se sabe que la colaboración ciudadana fue la clave para dar con los evadidos. Sin los testimonios de vecinos es probable que la investigación todavía estuviera empantanada en rastrillajes. Si las autoridades consiguieron detener a los tres fugados fue por los rastros que dejaron sus actos de violencia y por la palabra de las personas que dijeron haberlos visto.

Con esa información ya procesada, Ritondo ya sabe que el dinero no irá a una única persona. "El dinero se va a dividir, porque esto tiene que ver con pistas que se fueron dando; deben ser pistas comprobables que hayan sido favorables para la investigación", dijo a Radio Mitre. "Se están verificando todas las noticias que se tuvieron y en los próximos días seguramente tendremos novedades sobre el pago de la recompensa", prometió.

En tren de resolver ese dilema, el funcionario cursó consultas a a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; al fiscal de la ciudad de Azul, Cristian Citterio; al ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; al fiscal de Brandsen, Mariano Sibuet; y al juez Federal Sergio Torres, para que le informen si identificaron testigos que hayan brindado datos fehaciente para la recaptura.

El objetivo del requerimiento de la cartera de Seguridad provincial es determinar "si corresponde hacer efectivo el pago de monto alguno, en concepto de recompensa pública que oportunamente fuera ofrecida mediante la Resolución Nº 12 del 27 de diciembre de 2015", detalló un comunicado.

Para el arresto de Martín Lanatta en Cayastá, la policía santafesina tuvo como aporte fundamental el aviso de un hombre que fue rehén de los tres prófugos; la captura se concretó luego de que otro lo reconociera tras darle un vaso de agua. En el caso de los dos restantes fue distinto, ya que la persona que los encontró estaba recorriendo las instalaciones de la fábrica junto a efectivos de la fuerza.