Así lo considera la nueva ley sancionada la semana pasada por los diputados de la provincia. Es en respuesta al reclamo de las empresas contratistas que no tenían un ámbito dónde discutir la actualización de costos con las operadoras, ni los perjuicios causados por los paros petroleros.
La misma intervendrá obligatoriamente en casos en que se susciten conflictos relativos a la relación de las empresas concesionarias de áreas hidrocarburíferas del dominio provincial, con los contratistas o proveedores con domicilio en la provincia.
La comisión se constituye de cuatro partes; integrándose por las operadoras concesionarias, el estado provincial, a través de la Secretaría de Energía, un legislador que forme parte de la Comisión de Energía en Diputados y un representante de las empresas contratistas.
La iniciativa, que el parlamentario justicialista presentó sobre tablas y ahora aguarda la promulgación del gobernador Daniel Peralta, contó con el voto unánime de sus pares en el recinto.
Hace quince días, Quiroga había pedido la sanción del proyecto en el marco del avance de las negociaciones de prórroga con YPF, insistiendo en que más allá de haber acordado el canon de prórroga, se cumpla con la contratación de empresas santacruceñas y mano de obra local, también para motorizar la economía.
Una vez implementada la norma, los proveedores, contratistas o concesionarios deberán solicitar la intervención de la flamante comisión ante cualquier divergencia en la relación entre los sectores.
¿Por qué una comisión?
Con la sanción del Marco Regulatorio, que le permite a Santa Cruz mejores condiciones de renegociación de sus áreas, las empresas contratistas solicitaron también una actualización de costos, cosa que no se discutía hace mucho.
Es por ello que, entre los considerandos de la iniciativa de Eugenio Quiroga, se atiende a la necesidad de atender a este reclamo, habida cuenta que los costos se han “incrementado considerablemente en los últimos años y esto afecta a los contratistas que, sin modificar sus precios de venta de servicios a las operadoras, igualmente deben hacer frente a sus obligaciones patronales, a veces a costa de sus márgenes de ganancia, y aún a pérdida”.
En este sentido, temas como las protestas sindicales que paralizan la actividad petrolera, los plazos de pago de los servicios a las contratistas (60 días promedio), entre otros, son ejes de discusión que deberá afrontar ahora la nueva ley.
Comentá la nota