En las terminales del Gran Rosario, Bahía Blanca y Quequén no se pudieron realizar los embarques de granos por protestas sindicales.

En los puertos privados del río Paraná, la medida de fuerza fue llevada a cabo por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), que agrupa a los estibadores.

El conflicto no surge por las paritarias sino por negociación por las tarifas que cobra la única cooperativa que presta servicios de estiba a todas las terminales de San Lorenzo, San Martín y Timbúes, entre otras localidades de la región.

Los trabajadores del SUPA, que pertenecen a la cooperativa, también decidieron bloquear los puertos de Terminal 6 y Cargill, al ver que las negociaciones no avanzaban.

Pero el problema para las exportaciones se complicó aún más por una falla del ministerio de Economía. Es que la decisión del Gobierno de discolver intempestivamente la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) generó un caos en las operaciones del sector.

Desde el lunes, no hay un solo funcionario que tenga la autoridad para autorizar las exportaciones de alimentos, ya sea granos, lácteos, carne o productos envasados como leche larga vida.

El otorgamiento de los ROE, que son los permisos que reciben las empresas alimenticias para exportar, quedó bajo la órbita de Amado Boudou. Pero aún el ministerio de Economía no desarrollado

Esos permisos son clave para la economía del país: administran la exportación de alimentos por unos 30.000 millones de dólares al año, los que a su vez dejan al Fisco derechos de exportación (retenciones) por unos 9.500 millones de dólares al año.

De todos modos, las exportaciones no se encuentran paralizadas, porque durante la semana hubo exportaciones con aquellos ROE que habían sido autorizados hasta el viernes.