El total de recursos asignado en el presupuesto provincial para el año en curso pone a la Fiscalía de Estado en una muy complicada situación, por cuanto no estaría en condiciones ni siquiera de poder afrontar el pago de los salarios de los funcionarios y agentes que se desempeñan ese órgano de control.

Tal circunstancia fue comunicada por el Fiscal de Estado al Ministro de Economía y a la Legislatura el pasado 14 de enero. En esa nota, Virgilio Martínez de Sucre precisa que la reducción de “una considerable proporción de los recursos solicitados por esta reparticipación, afecta severamente el funcionamiento del servicio” que debe prestar el organismo.

Precisa que al momento de tener que elevar al Ejecutivo el requerimiento presupuestario para 2014, se había solicitado una asignación de recursos por 10,6 millones de pesos, la que en el proyecto remitido al parlamento el 31 de agosto de 2013 fue reducida a 9,7 millones de pesos. Agrega que, a pesar de ese recorte inicial cercano a un 9%, la Legislatura “al momento de aprobar la ley de presupuesto 2014 dispuso la suma de 8,1 millón de pesos (cifra nominalmente inferior al ejercicio 2013) para atender los gastos del organismo”, con lo que el presupuesto destinado a la Fiscalía de Estado sufrió una merma del 16,7% respecto de lo previsto en el proyecto original, y que alcanza cerca de un 25% en comparación con el monto inicialmente solicitado desde ese organismo.

Pero, además, indica que “como si ello fuera poco, por las inconsistencias matemáticas contenidas en la ley 959” que fue promulgada sin objeción alguna por el Ejecutivo y “conforme surge de los considerandos y de la distribución dispuesta en el decreto 37/14, se produce una nueva detracción de fondos, lo que arroja una diferencia adicional de 45.452 pesos”, con lo que el presupuesto de la Fiscalía supera apenas los 8 millones de pesos.

Es de tener en cuentas que 6 días antes que desde la Fiscalía se presentara la mencionada nota a Economía y a la Legislatura, el Poder Ejecutivo había remitido con trámite de urgencia al Parlamento un proyecto de reforma a la ley de presupuesto vigente, que contempla -salvo para si mismo- la reducción de los presupuestos asignados a la Justicia, Legislatura, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado, fijando el correspondiente a esta última dependencia en 8.079.549 pesos. Monto este no cubre siquiera los 8,2 millones de pesos que el propio Poder Ejecutivo había estimado en agosto del año pasado iba a demandar atender los salarios de los integrantes de la planta de personal de ese organismo de control.

De hijos y entenados

A partir de la situación planteada por el Fiscal de Estado resulta realmente interesante analizar la forma en que desde la Legislatura se dispuso la asignación de fondos para este año. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas, los parlamentarios respetaron a rajatabla los montos previstos en el proyecto elaborado por el ministerio de Economía, que ascendían 373,1 millones y 89 millones, respectivamente. No siguieron el mismo criterio en los que referente al presupuesto del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía de Estado. Sobre el primero dispusieron una reducción de 617 millones de pesos (de 5.474 millones a 4.856 millones), es decir de un 11,2%. En lo que hace a la Fiscalía la disminución fue de 1,6 millones de pesos (de 9,7 a 8,1 millones), lo que representa una detracción del 16,7%. . Como contrapartida incrementaron el de la Legislatura en 14,4 millones de pesos, que pasó de 172,8 a 187,3 millones de pesos, lo que implicó un incremento del 8,4%.

Pero teniendo en cuentas que en el proyecto de presupuesto aprobado en la sesión del 5 de diciembre de 2013, la Legislatura instruyó al Ejecutivo a remitir al Parlamento “dentro de los 30 días de aprobada la presente (ley), las planillas anexas con le desagregado al nivel de apertura correspondiente”, la Gobernadora dictó el 7 de enero el decreto 37/14 mediante el que aprobó “la distribución Analítica de Créditos de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2014” y modificó los montos presupuestarios establecidos en la ley 959. De esta manera asignó al Poder Judicial 352,6 millones de pesos, 20,5 millones menos que los 373,1 contemplados en la ley. A la Legislatura 185,9 millones de pesos, 1,4 millones menos que los 187,3 originales. Al Tribunal de Cuentas 83,1 millones de pesos, 5,8 millones menos y a la Fiscalía de Estado 8 millones de pesos, 45 mil pesos menos. En tanto que elevó el propio a 6.300 millones de pesos, 1.400 millones de pesos más que los previstos por ley.

Pero además, desde la gestión se presentó 1 día después de haber dictado los decretos de promulgación de la ley de presupuesto y de distribución de partidas un proyecto modificatorio del presupuesto, que afecta al Poder Ejecutivo recursos por 5.371 millones de pesos y ratifica los montos que había asignados a la Justicia, Legislatura, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado por decreto 37/14.