En ese contexto, afirmó que consideró que urge reformar la institucionalidad del Estado para afrontar el avance del narcotráfico y abordar la problemáticas de las adicciones y afirmó que la provincialización de la persecución de los delitos de narcomenudeo debe ser parte de una serie de reformas que reclama la penetración de la droga en los barrios y ciudades de Jujuy.

Morales reconoció que la posibilidad de transferir a la provincia la persecución del narcomenudeo es un tema respecto del cual no hay aún un acuerdo unánime, sin embargo instó a profundizar el debate y tomar decisiones políticas al respecto, atendiendo en particular las experiencias exitosas que se han desarrollado en las provincias de Buenos Aires y Salta.

 “Creemos que Jujuy tiene que adherir a la Ley Nacional 26502”, dijo Morales. Apreció que la justicia federal en Jujuy no puede dar respuestas esta problemática y en cambio, consideró, la justicia provincial que cuenta con más juzgados y fiscalías puede ocuparse de los delitos derivados de la venta de drogas en los barrios. Pero además hay más efectivos de seguridad provinciales con posibilidad de intervenir en la problemática“. Por eso, recalcó, “hay que adherir a la desfederalización y luego trabajar de manera coordinada en el territorio”.

A su vez, indicó que para avanzar en la desfederalización hay que llevar adelante un proceso previo, que permita reducir los equívocos en la implementación y para ello es preciso revisar estructuras y definir mecanismos de articulación.

“Hay barrios en Jujuy, donde existen familias enteras que hicieron de la venta de droga su forma de vida y esto ha incrementado el consumo. Es un problema complejo, pero el Estado no puede seguir mirando al costado”, agregó.

En este contexto, Morales expresó que debe orientarse la persecución, represión y condena a quienes participan del narcomenudeo y fue categórico en rechazar la criminalización de los consumidores, que deben recibir del Estado respuestas en términos de salud y política social.

Insistió el senador jujeño que es preciso avanzar en una nueva institucionalidad en materia de justicia, fuerzas de seguridad, salud y política social para poder dar respuestas integrales a la problemática del narcotráfico y del consumo de estupefacientes.

Morales consideró que debe haber decisión política, lo cual implica reclamar los recursos que prevé la ley que habilita la provincialización de la lucha contra el microtráfico, revisar los presupuestos y poner las burocracias en sintonía para atender estos nuevos problemas” acotó.