Hoy se hizo público el acuerdo entre YPF y Mendoza firmado por Francisco Pérez para sacar la ley de hidrocarburos. Ese acuerdo llegó en forma de decreto a la Legislatura, lo que provocó las críticas de la oposición. Entre éstas, la vicegobernadora electa Laura Montero sostuvo que el nuevo convenio -que debe ser promulgado por los legisladores- perjudica a la provincia porque resulta "hiperventajoso" para la petrolera nacionalizada. 

La senadora nacional y ex ministra de Economía en la gestión de Julio Cobos recalcó que el acuerdo consensuado entre Pérez, como parte de la liga de gobernadores petroleros -la Ofephi- y la Nación, resultó de la "impericia o mala fe".

Esto, porque el convenio con YPF permite condonar deudas por Ingresos Brutos -unos 150 millones de pesos- a la petrolera que conduce Miguel Galuccio y porque además establece un techo del 3 por ciento en la alícuota del mismo impuesto provincial destinado a las petroleras por su actividad extractiva. En su momento, Galuccio defendió la ley de hidrocarburos -era su principal impulsor para ordenar el mercado del petróleo a nivel nacional- asegurando que "es buena para Mendoza". 

“O fue impericia para la negociación del convenio o mala fe porque claramente la postura de YPF es hiperventajosa. Si le ratifican la baja de Ingresos brutos por ley, adiós a la deuda existente al 31 de julio de 2014 y si no se ratifica, continúa el reclamo de la Provincia por toda la deuda al 31 de julio de 2014. Esto es un combo perfecto para la discrecionalidad y un renunciamiento de la provincia al ejercicio de sus derechos”, definió.

Montero consideró que el acuerdo representa "una clara desventaja" para Mendoza.

“A cambio del pago en efectivo de 150 millones de pesos, Mendoza resigna casi tres años de la deuda que tenía YPF, también resigna el cobro de deudas por pago de canon por renta extraordinaria, diferencias en la liquidación de intereses por pago inicial y responsabilidad social empresaria (rubros a los que se obligó YPF en el año 2011 cuando el Poder Ejecutivo Provincial le prorrogó las concesiones hasta el año 2027). Aquí no encontrarán -ni en el decreto ni en el acuerdo- un sólo número de cuánto es lo que la provincia pretendía que se le pague. Es decir, no sabemos qué reclama la provincia y todo queda compensado en el monto mencionado”, apuntó.

Por otra parte, la legisladora nacional se preguntó si este acuerdo -que tiene que ser refrendado por la Legislatura provincial- no podría generar un conflicto a futuro con otras petroleras privadas "porque se viola el principio de igualdad”.

Montero sostuvo que el acuerdo es una medida casi extorsiva donde pierde Mendoza y que complica a la gestión que se iniciará a partir del 10 de diciembre, porque representan menos ingresos cuando las cuentas están en rojo.

De hecho, el acuerdo ya había generado disputas entre el Gobierno y la oposición cuando se tuvo que votar la ley Impositiva, que ya reflejaba el tope del 3 por ciento para Ingresos Brutos y tuvo que ser vetado por Pérez, que ahora vuelve a la carga con el acuerdo. 

Ahora, los legisladores tienen que refrendar el acuerdo con la Nación, aunque en setiembre de 2014 -es decir, hace casi un año atrás- el mismo Pérez amenazaba con que la ley no tendría que pasar por la Legislatura para ser homologada.