El ministro de Economía, Christian Ruiz, negó rotundamente que el Fondo Federal Solidario sea usado para cubrir gastos corrientes. Al defenderse de la acusación planteada, puso en tela de juicio al denunciante, Víctor Díaz, por confundir algunos conceptos de la administración pública. Dijo que, de haber una maniobra ilícita, el Gobierno nacional hubiera suspendido el envío de los mismos.
De esta forma el funcionario esgrimió una defensa ante la denuncia penal que promovió el referente de Encuentro Popular, Víctor Díaz, imputando en la misma a la gobernadora Fabiana Ríos y a Ruiz, donde además subrayó el uso de los recursos que el FONAVI remite al IPV, los que tienen afectación específica para obras de viviendas.
Por ésta última sospecha, la denuncia judicial también alcanza a José Luis del Giudice, titular del Instituto Provincial de la Vivienda.
El titular de la cartera de Economía puso en tela de juicio no sólo la denuncia, sin también el grado de desconocimiento que tiene para él alguien que pasó por ese Ministerio, como funcionario de la gobernadora Ríos.
«Resulta extraño que alguien que pasó por el Ministerio de Economía confunda tan groseramente algunos conceptos de la administración provincial», observó Ruiz.
«Debemos suponer que no hay mala intención de parte del denunciante y es sólo una confusión, como haber incluido al Instituto Provincial de la Vivienda entre los fondos que se administran desde el Poder Ejecutivo», indicó el funcionario.
Suspensión en los envíos
En su defensa, el Ministro de Economía también explicó que de haber una maniobra ilícita con los recursos del Fondo Federal Solidario (más conocido como fondo de la soja), el Gobierno nacional hubiera suspendido el envío de los mismos, hasta tanto la jurisdicción provincial hubiera regularizado la situación.
El funcionario ilustró que el decreto 243/09, en su artículo séptimo, el inciso b) establece que la utilización de fondos para gastos corrientes es uno de los incumplimientos que puede dar lugar a instruir al Banco Nación a suspender la transferencia de los recursos.
De esta forma «si ésta fuera una maniobra sistemática e ilegal como se expresa en la denuncia, resulta inexplicable que el Gobierno nacional continúe enviando fondos a la provincia», dijo Ruiz.
Resaltó además que la provincia «viene cumpliendo con cada uno de los puntos que este decreto establece, sin que se registre hasta el momento retención alguna por parte del Gobierno nacional».
«Es temerario»
En otro tramos de su explicación para desestimar la denuncia, Christian Ruiz desmintió categóricamente que alguna de las obras incluidas en el presupuesto vigente presenten demoras por falta de fondos.
«Es irresponsable o temerario sugerir a la comunidad que hay obras en condiciones de ser pagadas, y que no lo son por tener que pagarse salarios», dijo el funcionario.
La denuncia presenta «graves errores conceptuales», por lo que entendieron se trata «de sólo una simple denuncia mediática».
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