Rodrigo Rato, una de las figuras fulgurantes del staff económico europeo y mundial durante dos décadas –ex ministro de Economía de España, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y responsable del formidable fraude operado en la entidad financiera Bankia–, investigado por múltiples delitos de corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal, no podrá salir del país después de que ayer la justicia lo obligara a entregar su  pasaporte y le ordenara presentarse una vez al mes ante el juez que instruye la causa, al menos hasta que este dicte una sentencia definitiva en los casos que se le siguen.

Después de más de tres horas de declarar a puertas cerradas ante el juez madrileño Antonio Serrano Arnal, el magistrado dejó en libertad a quien fuera el amo de la economía española durante el gobierno conservador de José María Aznar (1996-2004), pero le impuso las medidas cautelares a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que teme que pueda fugarse del país. Apenas conocida la noticia, el presidente Mariano Rajoy, admitió que el caso podría perjudicar a su Partido Popular (PP) en la elección general del 20 de diciembre. Rato perteneció al PP hasta el año pasado, cuando fue dado de baja temporal por su implicación en otro escándalo de fraude.

El interrogatorio de ayer no estaba previsto, o al menos no había sido dado a conocer. Después se supo que Rato, de 66 años, fue citado a declarar luego de que la investigación en su contra revelara que cobró más de 800 mil euros (unos 950 mil dólares) provenientes de comisiones (coimas) por el concurso de Bankia. El pasado 16 de abril, el otrora hombre súper poderoso del PP fue detenido por unas horas en el marco de esta misma causa. En julio, se presentó en los tribunales por primera vez, pero se acogió a su derecho a no declarar argumentando que desconocía la acusación formulada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), encargada de llevar adelante las investigaciones del caso.

Rato llegó al juzgado madrileño a primera hora y sigilosamente, para evitar las cámaras y los flashes, pero lo esperaba una veintena de damnificados por el fraude de las "preferentes" (acciones preferenciales) de Bankia, en realidad un "producto tóxico" con el que fueron estafados miles de españoles de clase media. Pese a que entró a pie no fue agredido físicamente, aunque debió soportar gritos insultantes y pancartas ofensivas desplegadas en las puertas de los tribunales. La investigación de la ONIF detectó inicialmente que Rato había tejido un "complejo entramado societario para evitar embargos por su responsabilidad", en las irregularidades registradas en torno a la salida a Bolsa de Bankia, la entidad que presidió hasta 2012.

La investigación también detectó la existencia de 6,5 millones de euros (unos 7,5 millones de dólares) de origen desconocido en "Krandonara", una sociedad perteneciente a Rato que habría sido utilizada por el ex presidente de Bankia para cobrar comisiones a cambio de la concesión de contratos con la entidad. La declaración de un testaferro suyo, el empresario Alberto Portuondo, resultó clave. Portuondo afirmó al juez que a través de su empresa Albisa Inversiones y Asesoramientos pagó 473 mil euros en 2011 y 360 mil euros en 2012 (en total casi 9,5 millones de dólares) a la firma Kradonara, aunque dijo que no sabía que era propiedad de Rato.

A su vez, la empresa de Portuondo cobró casi dos millones de euros (unos 2,3 millones de dólares) de las empresas de publicidad  Zenith y Publicis, que habían ganado sendos concursos de publicidad de Bankia por 40 millones de euros (algo más de 45 millones de dólares).  

Embargado y sin pensión

El 24 de setiembre pasado la Justicia española ya había ordenado el embargo de bienes de Rato por un monto total de 18 millones de euros (poco más de 20 millones de dólares) por no haber hecho efectivo el pago de la fianza correspondiente a su imputación en esta megacausa que se sustancia en su contra. De acuerdo con la resolución judicial, el embargo ordenado en ese momento incluyó la voluminosa pensión que recibe Rato como retirado del Fondo Monetario Internacional (FMI). Su futuro se presenta cada vez más complejo, con tres frentes judiciales abiertos: la investigación sobre su patrimonio, la salida a bolsa de Bankia y una causa por el uso indiscriminado de "tarjetas en negro" por parte de toda la cúpula de la entidad financiera. Y sobre sus días por venir pesa, sobre todo, que el partido conservador al que sirvió le soltó la mano y todas las referencias que sus líderes hacen sobre él no pasan de lamentarse por la incidencia que sus actos de corrupción podrían tener en las próximas elecciones generales de diciembre.