Más temprano había sido entrevistado por la emisora el presidente del IPAV, Julio Rojo, quien había mostrado sus reparos y había prometido que se investigaría la situación (ver aparte). Las palabras del gobernador parecieron desautorizarlo.

Jorge sostuvo que "sospechar del Estado en una licitación de este tipo, con un precio muy ajustado, es injusto". Explicó que desde el gobierno tratan "por todos los medios de que estas licitaciones públicas sean lo más limpias posibles". Pero admitió que los "arreglos" son posibles y de difícil comprobación. "Las sospechas son que las empresas se han convenido entre ellas cómo se distribuyen (los tramos); (el acuerdo) se puede hacer de mil formas sin que ustedes se den cuenta..."

-...y sin que el Estado lo sepa.

-Y sin que el Estado lo sepa, así que yo no puedo dudar de las empresas. Les abrimos la licitación entre 50, 80 o 100 casas para que se presenten las empresas chicas, y les puedo decir que con esto favorecemos a las empresas pampeanas que normalmente son empresas chicas. Esto lo estamos haciendo para favorecer a las empresas locales, eso es cierto. Pero esto lo pide Nación, no lo hace la provincia. Es decir que si se pone que queremos favorecer a las empresas locales, es una medida del orden nacional a la cual adherimos porque son empresas locales. Y como paga la provincia, que paga al contado, permite que empresas de otras provincias no compitan con las nuestras.

-¿Qué otro condicionamiento pone Nación?

-Todo lo que se está haciendo acá son condicionamientos de Nación. Nosotros agregamos que tenga que tener cocina, termo y calefón, eso no está en el orden nacional. Esto lo hemos agregado dentro del precio que fija la Nación.

Topes.

Jorge detalló que esta licitación tiene un precio máximo, no un presupuesto oficial donde se puede cotizar por más o por menos. "Siempre hemos hecho licitaciones públicas abiertas, pero es abierta también porque se abren en tramos, según las posibilidades de los terrenos, para que ingresen todas las empresas que quieran y fundamentalmente empresas chicas. Aquí habilitamos esos tramos para que ingresen todas con mayor posibilidad, porque si uno licita las 608 viviendas (juntas) puede una empresa grande ganarla o las empresas chicas no lo podrían hacer por falta de infraestructura", indicó.

El gobernador mostró así casi los mismos argumentos con los que había justificado en abril de 2009 un acuerdo similar dentro de una licitación de 2.000 viviendas para toda la provincia. Esa vez, siete empresas se repartieron siete tramos en Santa Rosa y otras cinco firmas se dividieron otros tantos tramos en General Pico. Además, en las obras de los otros cuarenta municipios participaban 29 empresas que terminaban por pasar el precio el precio más bajo en al menos una localidad.

La diferencia radica en que en este último caso son solamente seis las empresas constructoras que se habrían repartido los ocho tramos para la segunda etapa del Plan Plurianual: Andreatta y Ampudia con dos cada una, y el resto entre ILKA, ECOP, IACO y Bertone.

Rojo: "me llama la atención"

Julio Rojo, presidente del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), señaló en Radio Noticias que aún no había tenido tiempo de analizar las ofertas recibidas por las 608 viviendas, pero que la información publicada por LA ARENA le "llama la atención".

"Con lo que leo en el diario, por supuesto que me llama la atención. Y por ende estaremos conformando toda la documentación y evaluaremos la situación. Ahora es nuestra responsabilidad verificar", indicó el funcionario.

Remarcó que "esta situación de sospecha" es "para analizarla" junto a los equipos del IPAV. "Desde lo técnico y lo legal tenemos que hacer el análisis de cada una de las ofertas, evaluarlas, y una vez que tengamos toda esa información sacar la conclusión de si es ventajoso adjudicar o no".

-¿Pero el tema se limita a si es ventajoso o no? Porque siendo ofertas por debajo del presupuesto, lo son. Independientemente de que se hayan puesto de acuerdo en no competir.

-Surge una preocupación, una sospecha... Pero nosotros tenemos que analizarlo desde el marco legal y técnico, somos los responsables. Y somos los primeros interesados en que esto tenga una transparencia total.

Abierta y pública.

Rojo detalló que, al ser una licitación abierta y pública, "toda aquella empresa que esté interesada y que cumpla con los requisitos mínimos, que es tener capacidad de contratación y que realmente evalúe que es de su interés, tiene la oportunidad de presentarse". En este caso, de las ocho empresas que habían comprado pliegos se terminaron presentando seis.

El titular de Vivienda remarcó que las 598 viviendas comunes -hay 10 para discapacitados- tienen un precio tope. "Es un valor que surge de un costo que lo estipula la Subsecretaría de Vivienda y nosotros lo tomamos como válido. Es el precio asignado que surge del análisis técnico. En este caso es de 108.900 pesos, con el cual sacamos la licitación. Esto da un precio, por metro cuadrado, de 2.222 pesos para el caso de la vivienda común, y de 1877 pesos, aproximadamente, en las viviendas para discapacitados", explicó. Además puntualizó que, dada la ubicación geográfica, hay movimientos de suelo "importantes" donde se deben hacer trabajos de terraplenamiento e incluso de desmonte.