El Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) celebra la reciente sanción de modificaciones a la Ley N° 24.521 (de Educación Superior), relativas a que se consagren la gratuidad de la educación superior y el ingreso irrestricto a esta. Admiten, sin embargo, que se complicará la puesta en vigencia de los cambios si el Estado no garantiza financiamiento extra, que permita ampliar la estructura edilicia y el plantel docente. 

“Nadie que crea en la educación pública puede dejar de compartir las ideas de las reformas a la ley, de una educación como bien personal y social; adherimos plenamente y, de hecho, la UNT viene trabajando en ese sentido”, afirmó la secretaria Académica,Marta Juárez de Tuzza. No obstante, añadió: “ahora, alguien debe garantizar este bien para todos; y no puede ser otra figura que el Estado. No se trata de que las instituciones, solas, hagan el esfuerzo, sino que el Estado las debe sostener”.

El miércoles, el Senado modificó dos artículos de la Ley de Educación Superior, a instancias de un proyecto presentado por la diputada del Frente para la Victoria Adriana Puiggrós (en la Cámara baja había sido aprobado en 2013): el 2°, sobre la gratuidad de la educación universitaria, y el 7°, sobre los exámenes eliminatorios.

A criterio de la funcionaria, las modificaciones deben traer consigo recursos para que las universidades puedan implementarlas. “La UNT tiene carreras consideradas ‘de riesgo’ por la Ley de Educación Superior, sometidas a un proceso de acreditación que fija estándares que deben cumplirse: adecuada infraestructura y planes de estudios, cantidad suficiente de profesores. Así como la obligatoriedad del cursado del primario y del secundario fueron acompañadas por una ley de financiamiento, en este caso también deberán enviar financiamiento extra”, consideró. Según dijo, el Presupuesto 2016 no contempla esto. “Para atender las reformas, nosotros deberíamos duplicar y hasta triplicar los profesores de los primeros años”, puntualizó.

De los dichos de Juárez de Tuzza se concluye que el incremento en el plantel docente resultará clave si se eliminan las restricciones para el ingreso. “Los alumnos que van a ingresar a la UNT, ¿están preparados para apropiarse de este nuevo espacio, que tiene otra lógica? Creo que no; en estos últimos años, no pudimos retener el desgranamiento de los alumnos que no vienen de la clase media, sino de otros sectores que accedieron a la educación superior gracias a las políticas del Gobierno. Pero no los pudimos retener; por eso implementamos el programa de mejoramiento del grado, para que los profesores se especialicen en estas problemáticas”, dijo.

No obstante, sugirió que la situación no es alarmante. “Cuando se sancionó la Ley de Educación Superior (1995) dieron 10 años para que se las universidades se adecuen. La implementación de estos cambios seguramente se darán como un proceso, no será de impacto inmediato. Las modificaciones en la ley generan expectativa en la sociedad. Ojalá mañana pudiera empezarse a cumplir con todo, pero lo veo instrumentalmente difícil”, señaló.

Virginia Ledezma (F. Morada): “la modificación necesaria excede lo aprobado”

El Senado sancionó una modificación parcial de la Ley Nº 24.521 (de Educación Superior). El FpV convivió 12 años con esta ley. Aunque la UCR acompañó esta sanción, creemos que la modificación necesaria excedía ampliamente lo aprobado. Sumaron importantes avances (establecer que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano”), pero sigue el piso del 50% para la representación docente en el cogobierno -impide la representación paritaria de docentes y estudiantes-, y el sistema de evaluación por la Coneau -compuesta, mayoritariamente, por miembros externos al sistema universitario, en gran medida, del Poder Ejecutivo-.

También preocupa que mientras desde la UCR se propuso votar un artículo que además de garantizar la gratuidad de la educación superior preservaba la autonomía universitaria de injerencias del Ejecutivo, el FpV planteó: “el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales” lo que continúa atentando sobre la autonomía universitaria, como el espíritu de esta ley menemista. La votación en general estableció la gratuidad de la educación superior. F

José Cuellar (JUP): “se continúa el proyecto iniciado por Perón”

Desde el nacimiento de la JUP siempre defendimos la universidad pública y libre, contra todo arancel y examen de ingreso. Estamos de acuerdo con un curso de ingreso nivelatorio, gratuito y no eliminatorio. En la Argentina que viene, el presupuesto universitario llegará al 10% del PBI, lo que significaría más fondos para las universidades, que se deberán destinar a infraestructura edilicia, a contención de estudiantes y a aumentos de sueldos del personal docente y no docente. Celebramos que este viejo anhelo nuestro esté ya plasmado en ley.

Queremos que en las facultades se instalen los horarios en bloque, para que los estudiantes que trabajan puedan estudiar por la noche. Lo aprobado por el Congreso de la nación es una continuidad del proyecto iniciado por el presidente Juan Domingo Perón el 22 de noviembre de 1949, cuando se instauró la gratuidad de la enseñanza universitaria, lo que permitió que puedan acceder a las universidades los hijos de los obreros y de los trabajadores. Seguimos apoyando este proyecto y aspiramos a que se le dé continuidad. Del mismo modo que anhelamos y que luchamos por una gran Argentina, queremos una gran universidad, que albergue a todas aquellas personas que deseen formarse como profesional. Todo ser humano tiene el derecho de ser forjador de su propio destino.

Ivana Lizárraga (Juv. PTS): “una reforma cosmética, a días del balotaje”

La Ley de Educación Superior (LES), aprobada por el menemismo, significó un avance en la elitización y en la mercantilización; es decir, en la devaluación del título de grado, mediante la generalización de los posgrados pagos; en la multiplicación de acuerdos con las grandes empresas, moldeando carreras enteras; en cupos y en exámenes, para restringir el ingreso.

Miles de estudiantes y de docentes hemos luchado contra estos ataques a la educación. El kirchnerismo mantuvo y aplicó la LES durante 12 años. A días del balotaje aprobó una reforma cosmética que no modifica la base de los negocios con la educación -los posgrados y vínculos con empresas-. Tampoco significa una mejora en el presupuesto destinado al salario docente, a becas y a comedores.

En la UNT vemos cómo las autoridades atacan a los docentes o se niegan a incluir la gratuidad en la reforma del estatuto que llevan adelante. Mantienen el artículo que habilita cobrar aranceles. Aunque esta medida entusiasme a miles de estudiantes que aspiran ingresar a la facultad, quienes venimos dando esta pelea desde hace años sabemos que dependerá sólo de la organización y de la lucha de los estudiantes y del conjunto de la comunidad educativa hacer efectiva la anulación de la LES y la conquista de una educación pública, gratuita y de calidad.

Agustín Santos (M. Humanista): “esta reforma es una victoria de los alumnos”

Es bastante paradójico que mientras el pueblo argentino representado en el Congreso nacional quiere abrir las puertas al ingreso a la universidad pública a todos, un sector conservador de la Asamblea Universitaria se opone a esto y se aferra cada vez más a la idea de la universidad para unos pocos. Creemos que esta reforma de la ley es una victoria para los estudiantes y para el futuro del país; y estamos muy felices por ello. Nuestra misión como representantes estudiantiles será de peticionar democráticamente a la Asamblea Universitaria que reconsidere el tratamiento del ingreso irrestricto, en vista a esta nueva reforma; y que, paralelamente, las unidades académicas cesen con el cobro de aranceles y el establecimiento de cupos y de exámenes para el ingreso de alumnos.

En estos últimos tiempos se ha consolidado una concepción elitista de la educación superior, que se contradice a lo que por definición el pueblo argentino espera de nuestras universidades nacionales, y hoy la ley nos lo hizo saber expresamente. Vamos a iniciar presentaciones ante la Asamblea así como en las facultades, para pedir el fin de los arancelamientos, tanto por medio de los “bonos” de las cooperadoras, como mediante el pago de tasas (expedición de títulos, libretas, constancias de alumno regular, etcétera)

Mariano Raed (MST): “continúa la educación superior menemista”

Consideramos que la educación es un derecho y no un negocio. Por ese motivo estamos de acuerdo con que se permita el ingreso irrestricto y la gratuidad de la universidad. Pero esto es un triunfo de la lucha histórica de los estudiantes, y no un regalo del kirchnerismo, que durante 12 años no lo hizo. Es un paso para terminar, por ejemplo, con los cupos de ingreso y con el arancelamiento que existe en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, donde con la lucha los estudiantes logramos eliminar el cobro compulsivo del bono. Pero no alcanza con el ingreso irrestricto, sino que es indispensable que se dé un aumento inmediato del presupuesto universitario, de acuerdo a la inflación real, para garantizar la permanencia de los estudiantes, con becas igual al salario mínimo.

Para tener más aulas, con más profesores y sueldos dignos. Las modificaciones votadas son insuficientes, porque sigue vigente la educación superior menemista, que permite una universidad al servicio de las corporaciones como la contaminante Minera Alumbrera y Monsanto. Debemos terminar con esta Ley y discutir un nuevo modelo de universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo. Esto no lo harán ni Daniel Scioli ni Mauricio Macri, que van a aplicar el ajuste en la universidad.

Lucas Stambole (Nueva Línea): “el Estado debe garantizar los recursos”

La educación debe ser pública, laica, gratuita e irrestricta. Se trata de derechos, productos de conquistas históricas: reforma del 18, leyes y decretos sancionados durante el peronismo y otros procesos, luego coartados por leyes y estatutos del neoliberalismo de los 90. Esta reforma de la LES se da en el marco de cambios paradigmáticos en la relación entre sociedad -como realidad compleja, segmentada en clases que no tienen las mismas posibilidades de acceso a bienes-, sistema educativo en general y universidad en particular. Implicará el compromiso del Estado a redoblar los recursos para garantizar calidad, excelencia e igualdad de oportunidades.

Los derechos deben ampliarse siempre a aquellos sectores históricamente desplazados; y bajo ningún punto de vista deben posponerse estas ampliaciones por razones materiales. Es necesario aclarar que esto no implica que las universidades públicas deban sufrir un detrimento en su excelencia en función de verse obligadas a repartir los mismos recursos entre muchos más estudiantes. El Estado debe garantizar los recursos y las condiciones necesarias y las universidades deben, con su autonomía, repensar y reorganizar su oferta académica y sus mecanismos de acceso y promoción, para ponerlas a la altura de las nuevas demandas sociales legitimadas por la ley.

Micaela Alegre (P. Obrero): “maniobra para captar el voto de la juventud”

Si bien se establece el ingreso irrestricto y la prohibición de “gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa” en la reforma a la Ley de Educación Superior (LES) que sancionó el Senado, se mantiene en pie el conjunto de la LES menemista; es decir la autonomía de las facultades para vender “servicios y prestaciones” y, por lo tanto, la orientación privatista de la educación.

La Universidad Nacional de Tucumán podrá mantener la asociación con minera La Alumbrera, una enorme fuente de dependencia económica con grupos privados. El Gobierno tuvo una década para impulsar esta iniciativa y no lo hizo. Es una maniobra dirigida a captar a la juventud frente al inminente balotaje. El proyecto tuvo el respaldo del macrismo, como un intento de neutralizar la maniobra gubernamental. Sin embargo, las modificaciones aún deben ser reglamentadas por el próximo gobierno, por lo que todo puede quedar en la nada.  Además, las autoridades ligadas al Gobierno y a Cambiemos son las que han llenado de restricciones y bonos de todo tipo a la UNT.

Entonces, el ingreso irrestricto, la gratuidad y la triplicación del presupuesto, solo serán conquistados por la movilización en oposición a la política de ajuste que los K, el macrismo y las autoridades de la UNT impulsan contra los trabajadores y la educación.