El plazo para que la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) entregue una silla de ruedas a un adolescente con discapacidad motriz ya venció, pero el tiempo sigue corriendo y la entrega aún no se concreta. Y en este marco, se produjo el bochornoso papel de la Dirección de Derechos Humanos, que había informado que ayer iba a firmar la adjudicación de la entrega, pero el trámite ni se inició.

La mamá del adolescente con discapacidad motriz que necesita de este equipo motorizado para mejorar su calidad de vida, comentó que a través de la edición del diario de ayer se enteró de la supuesta firma del acta de adjudicación de la silla. Sin embargo, nada de eso sucedió.

Sólo se llevó a cabo una reunión en las oficinas de OSEP entre la madre del joven (sin la presencia del director, Julio Prieto), con Carlos Correa, asesor legal de la obra social, y Soledad Pacheco, gerente contable.

“Fueron todas mentiras -dijo amargada la mujer-. Quieren seguir dilatando, incumpliendo la orden de la Justicia. Pero yo confío en la Justicia. La multa ya está en marcha. En la reunión se hizo la misma propuesta de siempre. Me dijeron que la única forma en que se podía entregar la silla de ruedas era si firmaba como si la hubiesen entregado, como recibida, para que se pudiera iniciar el trámite de la compra”, remarcó.

En este momento, indicó la madre del adolescente, OSEP aduce que no puede comprar esta silla de ruedas a una determinada ortopedia. Según la mujer, los directivos aparecieron con una copia que supuestamente habrían bajado de internet, con un modelo de silla sin marca.

“Quieren que yo firme y que acepte que compré uno de estos modelos. Dentro de 40 a 60 días estarían entregando la silla. La única forma que pueden realizar la compra es con la firma”, dijo.

En este sentido, interpretó que “quieren jugar con la necesidad”, y expresó que el fin que persigue la Obra Social es continuar dilatando el tema porque ya se “había manifestado que no iban a invertir en alguien que no tiene potencial de vida. Es cruel, pero es la realidad”.

Además, remarcó que se va a insistir para que se cumpla el Artículo 239 del Código Penal por el incumplimiento del deber de funcionario público, abandono de persona y desobediencia de la Justicia. Según la madre, la pena pude llevar a un año de cárcel. “Quiero que se cumpla y que obedezcan la ley”, expresó.

Organismos sin intervenir

La delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación, Racismo y Xenofobia (INADI) aseguró que la institución solo interviene en caso de denuncias y que, por este tema, hasta el momento nadie la hizo. Según explicaron, con una denuncia sí es factible que el organismo proceda, habida cuenta de que el INADI no tiene poder de “policía”.

En tanto, por la entrada en escena del director de Derechos Humanos, Ernesto Castrelos, quien había anticipado que ayer OSEP iba a firmar la adjudicación de la silla, la mujer cuestionó su actitud.

“Ahora sale el director de Derechos Humanos. ¿Por qué sale ahora? ¿Qué busca? ¿Tapar la negligencia de OSEP, nada más? En ningún momento se pusieron en contacto. Si realmente defienden los Derechos Humanos y los derechos de los niños y de las personas con discapacidad, mínimamente debieron haber intervenido en otro momento. Recién ahora aparecen los Derechos Humanos, con la firma del acta de adjudicación. Es todo un engaño”, aseguró.

El director Castrelos había anticipado que OSEP iba a firmar, en la jornada de ayer, la adjudicación de la silla de ruedas motorizada a una empresa de Estados Unidos y que este equipo tendría un valor aproximado de 240 mil pesos.