La causa Papel Prensa sumó ayer un nuevo capítulo. El fiscal Leonel Gómez Barbella apeló la decisión que había tomado el juez federal Julián Ercolini de rechazar el pedido de indagatoria de los directivos de Clarín y La Nación comprometidos en el expediente que investiga el despojo accionario de aquella firma. Para el procurador, la resolución del magistrado merece "una amplia revisión" de su "razonabilidad y debida fundamentación". Sostuvo que Ercolini, con sus decisiones, demora el avance de la causa y fustigó que un estudio contable postergue las citaciones. Sustentó su recurso en que el "caso reviste una cuestión de gravedad institucional".

Gómez Barbella señaló que existe "abundante prueba" en la causa que "es más directa y de mayor poder convictivo que la existente en otras causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado que se tramitan en este fuero, en las cuales hay personas imputadas y procesadas". "Ante semejante acumulación de prueba de cargo, no queda más que proceder a indagarlos, tal como se viene requiriendo desde hace casi cinco años", remarcó. En su escrito, el funcionario del Ministerio Público consideró "evidente" que la decisión de Ercolini podría lesionar derechos como el "derecho de la sociedad de erradicar la impunidad de los delitos de lesa humanidad".

Para reflejar la demora en el avance de la investigación, resaltó que "desde el inicio de la causa en el año 2010, ya han fallecido cinco imputados, mientras que desde que la causa quedó radicada definitivamente ante el Juzgado N° 10 del fuero se han recibido sólo cinco declaraciones testimoniales".

Acaso el poder que acumulan los acusados pueda explicar semejante demora. El requerimiento del procurador que no tuvo curso hasta el momento recaía sobre el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y la dueña del multimedios, Ernestina Herrera de Noble; sobre el director de La Nación, Bartolomé Luis Mitre; el ex funcionario de la dictadura Raymundo Juan Pío Podestá y el intermediario Guillermo Juan Gainza Paz.  

Lidia Papaleo, viuda del banquero David Graiver dueño, entre otras firmas, de la empresa productora de papel para diarios, aseguró a Tiempo: "Esto es darnos una segunda oportunidad. A partir de que se nos negó la posibilidad, esta respuesta del fiscal me parece muy importante. Estoy esperanzada", dijo. Su hermano, Osvaldo Papaleo, también destacó la decisión del Gómez Barbella: "Lo bueno de esto es que los que gambetearon la causa tengan que opinar. Que tenga que opinar la cámara, por ejemplo. Esto va a requerir definiciones. El juez Ercolini vivía sin opinar durmiendo la causa al igual que el fiscal (Eduardo) Taiano. Ahora todos los días tenemos una novedad", subrayó.

Una medida "dilatante". Uno de los puntos centrales del escrito de Gómez Barbella fue cuestionar el estudio contable que para Ercolini es "muy importante" para el expediente. "De ningún modo constituye el eje de la investigación", sostuvo el fiscal en su apelación para derribar la tesis que se desprende del fallo del juez: que dicho análisis debiera preceder a las indagatorias. "Cualquiera sea el resultado final del peritaje contable, el mecanismo extorsivo utilizado en las maniobras atribuidas a los imputados no desaparecerá", apuntó el fiscal.

"Entiéndase: el precio puede ser correcto, o incluso mayor a lo esperado, pero si se pagó como resultado de intimidación y/o amenazas, el tipo penal de extorsión se configura de todas maneras", insistió. Y dijo que estar a la espera del "resultado de la medida someterá a este proceso a plazos extensos".

"El juez instructor se encuentra colocando al peritaje en el centro de la escena", planteó el procurador, "como si los hechos en cuestión se trataran de una simple transacción comercial o financiera entre partes libres, dedicadas a hacer negocios en tiempos de estabilidad institucional y democrática". Por eso, indicó que "la decisión que supedita el avance de la investigación a la posibilidad de que el peritaje concluya que el precio pagado fue correcto, demuestra vicios en la configuración de la hipótesis delictiva, que puede conducir a la impunidad de crímenes contra la humanidad". "La investigación no gira en torno a lo que sería un delito económico o financiero, sino ante maniobras extorsivas y persecutorias", expresó.

La apelación recaerá en manos del fiscal de cámara Germán Moldes, el mismo que participó del 18F y estuvo en el centro de la escena en la apelación que realizó el fiscal Gerardo Pollicita al rechazo de la denuncia contra la presidenta que sentenció el juez Daniel Rafecas. «

"El mercado de ideas"

Lejos de las conductas investigadas por el juez Julián Ercolini que "descansarían principalmente en un peritaje técnico que establecería el precio al que fue transferida Papel Prensa S.A", el fiscal del caso, Leonel Gómez Barbella, sostuvo en su apelación que "lo que aquí se ventila es, precisamente, el control del mercado de la producción gráfica en Argentina durante la Junta de la última dictadura cívico-militar, básicamente, el mercado de ideas". En su escrito, el procurador recordó que el despojo de la empresa productora de papel por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón a la familia Graiver fue producto de una "extorsión". Se refirió al "delito internacional de persecución" y lo consideró de "lesa humanidad" por el rol que desempeñaron los militares.

Para el procurador, "la coordinación entre la progresión de las amenazas, por un lado, y el avance de las negociaciones, por el otro, resulta claramente un indicio vehemente del acuerdo que, explícitamente o no, existía entre el régimen dictatorial y los empresarios designados como adjudicatarios de las acciones de Papel Prensa que debían obtenerse a partir del desapoderamiento del grupo Graiver".

La Secretaría de DD HH requirió las declaraciones indagatorias hace casi cinco años en más de una ocasión. Lidia Papaleo, en tanto, lo hizo por primera vez en el 2013.