La Cámara Federal confirmó que los directivos de los diarios Clarín, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, y LA NACION, Bartolomé Mitre, por ahora no deberán prestar declaración indagatoria en la causa Papel Prensa.

Así lo resolvió la Sala I de la Cámara Federal, con los votos de Eduardo Farah y Luis Ballestero, que entendieron que la acusación del Estado carece todavía de las precisiones y pruebas necesarias para poder avanzar con la causa.

El caso Papel Prensa comenzó en 2009 cuando el Estado nacional, sin prueba alguna, sostuvo que los citados ejecutivos se apoderaron de la papelera que hasta entonces pertenecía al grupo Graiver. El Gobierno, desde entonces, impulsa una denuncia por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad.

La realidad fue otra: tras la muerte de David Graiver, sus herederos, acosados por las deudas empresarias, decidieron vender las acciones de Papel Prensa a Clarín, LA NACION y La Razón.

La operación se celebró en noviembre de 1976 y sólo tres meses después, cuando la operación ya había concluido, los Graiver fueron secuestrados y torturados por el gobierno de facto.

A fines del año pasado, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, reemplazó al fiscal Jorge Taiano por otro subrogante, Leonel Gómez Barbella -integrante de Justicia Legítima-, que pidió avanzar con las indagatorias.

En marzo, sin embargo, el juez federal Julián Ercolini no hizo lugar a las citaciones. Sostuvo: "Hasta el momento no existe en esta causa motivo bastante para sospechar que los denunciados han participado en la comisión de los delitos que se les atribuye". También argumentó que estaba pendiente de realización un peritaje contable, que había sido pedido por el Estado, para saber si el precio que se pagó por aquellas acciones era el correcto o fue vil.

El fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes, desistió del recurso de apelación, porque interpretó que la decisión del juez Ercolini -de considerar que la causa no estaba en condiciones de avanzar todavía hacia indagatorias- era inapelable.

Ayer, el camarista Farah compartió esos argumentos. Además, destacó que la fecha de la compraventa fue anterior a la del secuestro de los Graiver y que el Estado no logró probar lo contrario. Y destacó que los Graiver, ya en democracia, hicieron declaraciones contradictorias. Para los jueces, la denuncia "carece de precisiones"..