La firma de Panizzi aparece hoy en la solicitada que se publica en varios diarios de alcance nacional, como Ambito Financiero y Página/12, y coloca al magistrado como el único chubutense involucrado en esa candente discusión, lo que refuerza el altísimo nivel de exposición pública al que se ha sometido -o ha conseguido con sus acciones- el actual Vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia.

Más allá o más acá "del conventillo" como diría el Gobernador Buzzi, Panizzi insistió esta mañana en que hay en marcha licitaciones para proveer de vehículos de alta gama a sus colegas de la Corte Provincial, mientras el fiscal de Estado prepara su entrevista con el Procurador General para que investigue las denuncias del integrante del máximo tribunal de la justicia chubutense.

En los tribunales, mientras tanto, la mayoría de los letrados coinciden en que Panizzi bien podría haber caído en la figura del "incumplimiento de los deberes del funcionario público", ya que el hombre no es verdulero ni un periodista, sino un ciudadano con un altísimo cargo que lo obliga a denunciar posibles delitos y no a comentarlos por los medios de prensa.

La solicitada que suscribió Panizzi junto a más de doscientos magistrados y funcionarios judiciales de distintos fueros de todo el país rechazando el comunicado emitido la semana pasada por la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura, precisó que aunque forman parte de dichas organizaciones, "no nos sentimos representados por el contenido del comunicado", y los mueve "el propósito de reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía".

El texto "rechaza los términos expresados por las entidades mencionadas" -entre las que también estaba la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial-, y tiene como firmantes a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; a la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; al juez de casación Alejandro Slokar; al presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone; y al fiscal de Cámara Jorge Auat, entre otros.

"Sostenemos que la independencia del Poder Judicial es un principio cardinal del sistema republicano, que no debe entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del Estado", afirman, y señalan que "los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e -incluso- deben ser independientes de las organizaciones que los representan".

En otro pasaje, el texto afirma que "los jueces cumplen una función esencial en el sistema democrático" y, por tanto, "el debate democrático sobre las decisiones judiciales acerca el sistema de justicia a la sociedad, y enriquece la calidad de las respuestas jurisdiccionales".

Además de los magistrados, la solicitada lleva la firma de rectores de unas veinte universidades nacionales y decanos de varias facultades. Arturo Somoza (Cuyo), Fernando Tauber (La Plata), Carolina Scotto (Córdoba), Ernesto F. Villanueva (Jauretche) y Gustavo Lugones (Quilmes) son algunos de los titulares de las casas de altos estudios que acompañaron.