Una auditoría solicitada por la Comisión Mixta de la entidad arrojó datos reveladores que dejaron al descubierto varios desmanejos en campos correntinos, entrerrianos y misioneros. Supuestos damnificados por la represa cobraron indemnizaciones millonarias. Entre algunas de las irregularidades se destaca la llevada a cabo por propietarios y arrendatarios de terrenos que no habrían sido afectados por la creciente del embalse pero que de todas formas habrían recibido cuantiosas indemnizaciones en perjuicio de los fondos que debían girarse para Corrientes, Entre Ríos o Misiones.
La información fue brindada a EL LIBERTADOR por fuentes oficiales que integran la CTM, quienes detallaron algunos puntos oscuros que salpican campos correntinos, entrerrianos y, en menor medida, misioneros. Y el dato clave es que los fondos que se pagan por compensaciones salen de los excedentes que deberían recibir los estados provinciales, pero que algunas movidas de personajes con peso político y judicial permitieron darles otros rumbos más cuestionables.
Es conveniente recordar que las irregularidades surgieron luego de una auditoría realizada al Sonca, un área dependiente de la Secretaría de la Delegación Argentina y que se encarga de atender los reclamos de los ribereños que se consideran damnificados por el avance de las aguas del lago por sobre la línea de expropiación, gestión que puede concluir en un convenio de indemnización por daños.
EN ENTRE RÍOS
La modalidad implementada en uno de los casos en cuestión se relaciona con la mesura de terrenos ya expropiados por Nación, donde se construyeron cabañas para su explotación turística, estando estos espacios ubicados en terreno inundable, tras lo cual, los "supuestos" damnificados exigieron una indemnización. Este hecho detallado desde la Comisión ocurrió en Federación (Entre Ríos) y ya sacudió la opinión pública entrerriana al tomar estado público mediante el Diario Río Uruguay, ya que el ribereño usurpador reclamó con éxito el pago de una indemnización, presentando planos falsos de un terreno que ocupó ilegalmente, obteniendo una suma millonaria para su beneficio.
CORRIENTES TAMBIÉN
Desde la Comisión Mixta informaron que hay otros casos, y que Corrientes no se quedaría atrás. En Monte Caseros se pudo comprobar que algunos propietarios y arrendatarios de campos se notificaron como afectados por la inundación provocada por Salto Grande; sin embargo "se demostró que los lotes están lejanos a la ribera, a tal punto que ni contrastándolos con mapas confeccionados en épocas de mayor inundación llegan a ocupar la zona", señaló la fuente consultada.
A su vez, detalló que el "caso correntino" ocurrió en tres lotes situados en Colonia las Flores de la mencionada localidad correntina, "con la complicidad de agrimensores se hizo constar que los terrenos que no fueron afectados lo estaban".
Según expresó, el caso de Corrientes es más escandaloso que el entrerriano, "porque ya se había pagado el monto indemnizatorio (irregular) y estaban pidiendo un reajuste por el transcurso del tiempo a los precios actuales".
Fue allí que desde la auditoría se hizo un nuevo informe técnico y se trazó una curva máxima de inundación, que fue la del 97, y los terrenos estaban fuera del plano. "Dos ni siquiera fueron inundados en aquel año", resaltó la fuente.
MILLONES
De acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso EL LIBERTADOR (ver facsímil), los legajos auditados ya rondan los 3,5 millones de pesos y hay unos 9,5 millones frenados tras detectarse más irregularidades, con el aliciente que a los auditores sólo les han circunscripto un determinado número de documentaciones, encontrándose ya con suficientes "elementos grotescos" como para formular las denuncias pertinentes a la Justicia Federal.
Cabe indicar que falta cerca de un mes para que finalice la auditoría, tras lo cual, se conocerá a ciencia cierta los desfalcos ocurridos.
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