Fuentes judiciales informaron hoy que Oyarbide rechazó la querella que había planteado Fernández por entender que los dichos de Gámez se "limitaban a una opinión en torno a una autoridad pública en referencia a sus actividades como tal, más allá de los calificativos empleados".

El magistrado también fundamentó su fallo en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al que Argentina adhiere, y consideró que las afirmaciones de Gámez se justifican "en atención a las vivencias que posee por los años en que estuvo vinculado a ese deporte, y en relación a la situación de los barras bravas".

Gámez había dicho en junio de 2010 que a través de Fernández el Gobierno "puso gente a trabajar para llevar a los barras bravas, para comprar la mano de obra violenta que tienen algunos de estos muchachos".

Para Oyarbide, el tema de la violencia de las barras bravas es un "flagelo" de la "problemática del fútbol" y quienes lo aborden en declaraciones públicas "deben quedar libres de reproche penal en los términos establecidos por la normativa vigente y en el marco de una jurisprudencia citada".

En 2011, el megatorneo que iba a unir la primera división con el Nacional B abrieron un round de declaraciones cruzadas entre Raúl Gámez y el entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández.