El Congreso dio el sí a la nueva ley laboral
El poder del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el único que respaldó con sus votos la reforma, quedó así resentido de cara al futuro inmediato, luego de fracasar las intensas negociaciones de los enviados del gobierno para conseguir el apoyo de sus antiguos aliados, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el catalán Convergencia y Unión (CiU), que se abstuvieron.
Sin embargo, el clima de tensión vivido en la bancada socialista tuvo su punto más alto cuando el diputado oficialista Antonio Gutiérrez decidió desobedecer la orden de su partido y se inclinó, para sorpresa del bloque, por la abstención. "Me duele tener esta discrepancia", dijo el legislador, que además fue dirigente sindical, antes de ser acusado de "romper la disciplina partidaria". Zapatero le restó importancia al hecho. "No me molesta", dijo el mandatario.
En cambio, en la principal fuerza de oposición, el Partido Popular (PP), sus legisladores intentaron exhibir una postura unificada. "Nuestra decisión partidaria ha sido la de abstenernos, dado que estamos decididos a trabajar y cooperar con el proyecto. Pero, eso sí, consideramos que es insuficiente, y que hay que mejorarlo", dijo a La Nacion el diputado Guillermo Mariscal (PP), antes de la votación.
Hasta ese momento, las versiones sobre un posible rechazo del decreto de Zapatero por parte del PP se habían instalado en el Congreso y en los medios, pero la posibilidad de que ese voto pudiese ser interpretado como un "complot" contra un presidente en su momento más bajo de popularidad habría conducido a sus dirigentes a no obstaculizar una reforma respaldada públicamente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Barack Obama.
De esta manera, el PP se inclinó por "discutir" los fundamentos del decreto, antes que por inclinarse hacia un rechazo que hubiese disparado una polémica mayor, dado que esa fuerza había solicitado la reforma en varias ocasiones en los últimos dos años.
La nueva ley de reforma laboral, que debió ser impuesta la semana última a través de un decreto de Zapatero luego de que fracasaron sus negociaciones con sindicalistas y empresarios, generó una fuerte controversia al prever la reducción de las indemnizaciones por despido.
No obstante, el gobierno español negó en reiteradas ocasiones que esta disminución de 45 días de paga indemnizatoria por año trabajado a sólo 33 fuese el principal objetivo de la reforma.


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