El fiscal Mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi, solicitó ayer una nueva condena de cuatro años y seis meses de prisión para el ex secretario de Hacienda durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti, José Merlino, y de cuatro años de prisión para el ex contador General Félix Donamaría, quien ocupó ese cargo solamente en el último semestre de esa administración.

Los pedidos de pena fueron realizados durante la etapa de alegatos de un nuevo juicio oral y público por el denominado “escándalo de la contabilidad paralela”, donde se investiga el pago a proveedores bajo la forma de “anticipos”, sin expediente respaldatorio ni control de ningún tipo, en una modalidad utilizada durante toda la gestión manfredottista.

Tanto Merlino como Donamaría se encuentran privados de su libertad, en virtud de dos condenas anteriores por el mismo tema, que el tribunal unificó en cuatro años y seis meses de cárcel.

Su situación procesal es delicada porque luego de segmentar la investigación y poner la lupa únicamente en los últimos seis meses de Manfredotti en el poder, la Justicia se basó en un informe de un auditor del Tribunal de Cuentas (el mismo organismo que debió ser investigado por su falta de control en este período) para identificar 26 casos en los que se habría pagado por servicios no prestados directamente o sólo en forma parcial. Estas causas se dividieron y por cada una existe una imputación distinta de peculado, de manera que Merlino y Donamaría serán juzgados una y otra vez por episodios de similares características.

Lo que cambian de un juicio a otro son los proveedores involucrados. En este caso son dos: Miguel Ángel Walker, para quien el fiscal requirió una condena de dos años y seis meses de prisión en suspenso, y Nicolás Rosa Bazán, para quien pidió tres años de prisión efectiva.

Las imputaciones son en esencia parecidas: se realizaron pagos por $108.706, $119.661, $113.000 y $117.858 a empresas que debían realizar pequeñas obras públicas, reparaciones y tareas de mantenimiento. Pero en lugar de confeccionar expedientes, el secretario Merlino realizaba solicitudes de anticipo, usando un mecanismo establecido por una circular (12/02) que confeccionó el propio funcionario, y luego autorizado por un decreto firmado por el ex vicegobernador Daniel Gallo. La contaduría a cargo de Donamaría firmaba las órdenes de pago y así el proveedor cobraba, a veces, por caja, sin ni siquiera tener que pasar por el banco. Por supuesto, nadie podía verificar así que el servicio se prestara realmente.

Bazán admitió en uno de los casos que otro proveedor (Walker) le aportó las facturas que él presentó en el Ministerio de Economía. Luego Walker cobró el dinero y se lo dio a Bazán, y este sostiene que le entregó el dinero a Merlino.

Contrapuntos en los alegatos

El abogado Alberto Bovino, defensor de Donamaría, pronunció ayer un duro alegato en el que cuestionó tanto el desempeño del Tribunal de Juicio como de la Fiscalía en la investigación del caso.

El letrado volvió a plantear una cuestión recurrente de la defensa, consistente en que la Justicia se abocó al análisis del último semestre del manfredottismo, dejando afuera el resto de la gestión donde se utilizó el mismo sistema de pago a proveedores y por lo tanto habrían existido otros responsables de mayor jerarquía que los imputados. Según este planteo, investigar la totalidad de la maniobra permitiría identificar qué rol específico le cupo a cada funcionario en el engranaje de corrupción que se montó para sustraer dinero del Estado.

“Impunidad es no investigar a todos los posibles autores de un delito. Lo que ha ocurrido en esta causa es una persecución selectiva”, aseveró el defensor en su alegato.

En esa línea, Bovino cuestionó que la Justicia se haya apoyado para la investigación en el Tribunal de Cuentas, el organismo que también fue denunciado por su falta de actuación en estas causas. Y marcó contradicciones en el testimonio del perito Guillermo Pedemonte (autor del informe usado para la acusación) que según la defensa aportó versiones diferentes en un juicio y en otro sobre por qué terminó enfocándose en el último período de la gestión, y no en el resto.

“El ex ministro (Raúl) Berrone fue claro cuando dijo que no existe justificación para no investigar lo anterior. Lo que pasa es que este es un tema que no se ha querido discutir en el juicio”, insistió el abogado.

Bovino criticó al tribunal oral al sostener que en el juicio anterior al de ayer “le impidieron declarar a Donamaría lo que quería con el argumento de que era ajeno al objeto del proceso, algo que viola el derecho de defensa. Y también rechazaron una lista de doce testigos, además de dividir el caso en varios juicios en lugar de hacer uno sólo, como correspondería por una cuestión de economía procesal”, señaló.

Por otro lado, el defensor atacó la labor fiscal al expresar que “nunca inició una investigación seria sobre el total de las operaciones cuando un fallo de la Cámara se lo ordena expresamente. La energía persecutoria debió invertirse en hacer lo que la Cámara le manda”, indicó.

Esta alusión motivo que el Fiscal Massimi replicara en el juicio algunas de las acusaciones. Por ejemplo negó que Donamaría no haya podido declarar, ya que en este juicio en particular fue el imputado quien tomó la decisión de no hablar en el momento de la indagatoria. Y en relación a la investigación del período manfredottista completo, observó que a partir del fallo de los camaristas se han solicitado una serie de medidas probatorias que están a resolución del juez de instrucción Javier De Gamas Soler.

Este punto es clave porque los delitos que podrían imputárseles a otros ex funcionarios de Manfredotti prescribirían en diciembre de este año, a menos de que el magistrado halle elementos para llamarlos a prestar declaración indagatoria.

Bovino también cuestionó que en la acusación a Donamaría se aluda a órdenes de pago (en realidad son órdenes de anticipo) suscriptas cuando su cliente no era todavía contador general (en febrero o marzo de 2003) y que incluso se le imputen hechos cuando no hay órdenes firmadas por su defendido, ya que los pagos habrían sido realizados a través de disposiciones de la ex Tesorera General, a quien se desvinculó del caso.

El Tribunal Oral dispuso tras los alegatos de las partes (también alegaron otros dos defensores) un cuarto intermedio hasta hoy a la mañana en que se escucharán las últimas palabras de los acusados antes de que los jueces se retiren a deliberar y den a conocer un veredicto.