La detención del ex secretario general del Partido de los Trabajadores, Silvio Pereira, causó conmoción en los medios políticos, a pesar de que se fue del PT hace 11 años. Fue la operación Carbono 14 (altamente radiactivo) descerrajada ayer por el juez Sergio Moro de Curitiba, el mismo que maneja los hilos de la causa conocida como Lava Jato, que cayó esta vez sobre el ex político, en retiro efectivo desde 2005.

Las razones del magistrado, cada vez más famoso por la espectacularidad de sus procedimientos, se basan en su necesidad de encontrar un hilo conductor entre el proceso que se conoció como “mensalao”, que había estallado ese año, y la moderna causa de las coimas en Petrobras.

Moro dio a entender que su objetivo es cercar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sobre todo, luego del revés sufrido el jueves, cuando la Corte Suprema le sacó de las manos el paquete de denuncias sobre el líder político petista. Tanto es así que no se privó de “mencionarlo” en su escrito de ayer. Allí, el juez curitibano sostuvo que el ex secretario general Pereira había recibido pagos, antes de 2005 e incluso después, cuando ya no estaba más en el PT, de parte de las constructoras brasileñas OAS y UTC. Ambas eran parte del cartel formado en la petrolera estatal, a fin de repartirse las licitaciones.

Según Moro, el ex político habría recibido unos 250.000 dólares al valor de la cotización de esa época. Pereira dejó el PT después del escándalo del “mensalao”; es decir, luego de aquella historia de la conquista de la fidelidad de los diversos partidos de la coalición, a cambio de dinero para sus campañas. En la época, se hizo célebre también por haber recibido un Land Rover, regalado por la constructora GDK. Ahora, los sabuesos de fino olfato que trabajan bajo las órdenes de Moro presumen que ese vehículo fue “un pago de coimas”.

En Brasil existe una expresión muy apropiada para definir la nueva acción del juez: “Sacó los esqueletos del armario”. Se usa mucho en economía y, por supuesto, también en política. Ocurre que lo de Pereira parece ser exactamente esto. El hombre, que fue juzgado por la Corte Suprema en 2012, quedó libre de culpa y cargo por obra y gracia de un ex ministro del más alto tribunal, que nada tenía de pro gobierno ni pro PT. Se trata de Joquim Barbosa, que lo eximió de cumplir cualquier pena. Lo notable es que el propio Moro tuvo un cierto reparo y en vez de dictar la prisión preventiva indeterminada contra Pereira apenas definió que el encarcelamiento será solo temporario (no más de 10 días).

Es que el episodio tiene una base débil, que podría apenas sustentarse por el interés del juez de Curitiba de “orejear los naipes” para demostrar que tiene cartas.

Los procuradores que operan con el magistrado barajaron algunas hipótesis. Dijeron que el PT le pagaría “una mensualidad” a Pereira para taparle la boca. Y avanzan un poco más, en el terreno de las especulaciones, al suponer que “esos pagos serían (sic) parte de la distribución de coimas acordadas por las proveedoras de Petrobras como los directores de la petrolera”. Exactamente eso fue lo que escribió Moro.

Hasta ahora, de tales “mensualidades” solo fueron detectadas cuatro de ellas ocurridas entre 2009 y 2011, cuando Pereira hacía ya mucho tiempo que había dejado el PT. Claro que el mazo del juez contiene algunas “sorpresas”. Lo demostró al incluir a Ronan Maria Pinto, dueño del Diario del Gran ABC, entre los encarcelados ayer. Ese medio periodístico tiene fuerte circulación en la región contigua a la metrópolis paulista.

De acuerdo con los procuradores del juez paranaense, Pinto también estaba ligado al sector de transporte en uno de los municipios suburbanos: Santo André. El interés en este empresario tiene una explicación: archivaría, en su cabeza, “muchas más informaciones” de las que posee la policía y los hombres del Lava Jato sobre el asesinato del intendente del PT Celso Daniel, ocurrida en enero de 2002. Ese crimen fue cometido en el año de la primera elección de Lula como presidente.

Según las especulaciones del equipo curitibano, el dueño del diario habría intentado –dicen– “chantajear” al ex presidente Lula. Y por eso habría recibido lo que en el momento podrían ser unos 3 millones de dólares. Es que según también especulaciones de la prensa brasileña, Daniel era el encargado de recoger coimas entre las empresas de ómnibus de Santo André, un esquema que según afirman duró hasta 2001. Es difícil saber cómo se las ingeniará Moro para reflotar una historia de hace 15 años.