Por Julian D'Imperio

Está claro que la atención estará puesta en el veredicto del Tribunal Oral Federal N°2 de este martes 6 de diciembre, cuando se resuelva si Cristina Kirchner es inocente o culpable, aunque ya con rumores hasta de las penas que podría afrontar luego de ser acusada como jefa de una asociación ilícita que benefició a Lázaro Báez con obra pública en Santa Cruz. Sin embargo, hace tan sólo tres meses que intentaron asesinar a la vicepresidenta en las puertas de su domicilio en Recoleta, y por esa causa reclaman el accionar de la jueza Capuchetti, a cargo de la investigación, mientras adelantan que se buscará justicia a través de organismos internacionales. 

"Sólo queda ir a buscar Justicia a tribunales internacionales", dijo el abogado de la presidenta del Senado, José Manuel Ubeira, en la causa que investiga el intento de magnicidio del 1 de septiembre. 

Mientras el letrado adelantó a PERFIL que pedirán el juicio político por mal desempeño de Capuchetti, -de quien pidieron su recusación luego de que decidiera no orientar su investigación al rededor de Gerardo Milman y que uno de los celulares que se habían incautado en busca de material probatorio fuera manipulado para borrar todo su contenido antes de los peritajes- también aseguró que, en paralelo, recurrirán a organismos internacionales que podrían ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados Americanos (OEA). "O las tres juntas", aseguró.

"Lo que queremos es la instalación de un veedor que venga a ver la calidad de justicia que se hace en la Argentina", advirtió Ubeira.

Según lo que establece el reglamento de la CIDH, en situaciones de gravedad y urgencia, la Comisión podrá, a iniciativa propia o de parte, “solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano”. Estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables.

Ubeira argumentó que "la persecución a Cristina Kirchner comenzó en 2015, al final de su mandato. Se consolidó durante el macrismo, de la manera más brutal. Y en este gobierno la maquinaria judicial no la deja salir. Los medios de prensa que conforman una unidad con el partido judicial han decidido culpabilidades publicadas en los diarios, como el caso de hoy (Vialidad)".

Y para desarrollar su teoría, citó la conversación que se filtró entre jueces y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, luego de viajar al Lago Escondido. "El intento de asesinato se inscribe casualmente luego que el fiscal Luciani pidiera 12 años de condena. Lo que se ha intentado con Cristina es deshumanizarla, con los adjetivos 'yegua',' chorra', 'puta' y luego destruirla. Y la prueba total de esto son los chats que se acaban de conocer donde queda establecido la colusión del Poder Judicial, mediático y con la pata política de la Ciudad de Buenos Aires, que eran quienes custodiaban la calle antes del atentado". 

Por eso, el letrado consideró "seriamente" que "debe haber una mirada internacional si es que queremos reestablecer el mínimo orden en la Argentina".

Antecedentes de la CIDH en la Argentina

Para ejemplificar con un caso de intervención internacional, Ubeira citó a PERFIL "la visita de Patricia Derian durante la etapa del proceso, que evitó que siguieran tirando gente de los aviones", comentó en referencia a la entonces subsecretaria de Derechos Humanos del presidente norteamericano  Jimmy Carter, que fue enviada al país a documentar las violaciones en los centros clandestinos de detención.

Un caso más cercano es el del Caso Fontevecchia, cuando el expresidente Menem denunció al CEO de la Editorial Perfil cuando la revista Noticias reveló la existencia de un hijo extramatrimonial del entonces mandatario riojano. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico por el incumplimiento del Estado argentino de una sentencia de 2011. La condena fue ratificada por la Corte Suprema en 2001 y el caso llegó a la CIDH, que una década después ordenó al Estado argentino a dejar sin efecto la sentencia, por considerar que el fallo judicial violaba la libertad de expresión, y lo instó a devolver el dinero que la editorial tuvo que pagarle a Menem.