El ex ministro de Educación y ex jefe de Gabinete de la Nación, el pampeano Jorge Rodríguez, fue sobreseído en la causa penal en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. No es que se haya determinado que no había cometido delito: en realidad, la causa prescribió, según determinó la Cámara Nacional de Casación Penal, pudo saber DiarioTextual.
Fue subsecretario de Asuntos Agrarios y ministro de Educación de La Pampa. En 1989, llegó a diputado nacional.
En el Congreso fue uno de los principales impulsores de la cuestionada Ley Federal de Educación. En ese marco, en 1992 fue nombrado por Carlos Menem como ministro. Después, en 1996, ocupó la jefatura de Gabinete.
Integró la célebre Banda de los Pampeanos, el grupo de legisladores y funcionarios que tuvo influencia en el Gobierno de Menem.
No se lo ha vuelto a ver en La Pampa. Se sabe que estuvo residiendo en los últimos años entre Miami y Montevideo y que es contratado a dar conferencias en diferentes países.
El ex jefe de Gabinete había sido denunciado por presunto enriquecimiento ilícito a partir de las pruebas reunidas por el juez federal Jorge Luis Ballestero en un proceso penal por el reparto de sobresueldos en el gobierno del ex presidente Carlos Menem.
La evidencia sobre el presunto origen ilegal del patrimonio de Rodríguez surgió en el marco de la investigación por el pago de sobresueldos a funcionarios que operó en la administración Menem, al amparo de la ley secreta 18.302.
La olla fue destapada por la ex funcionaria María Julia Alsogaray. "Marijú", al quedar detenida por hechos de corrupción, confesó haber cobrado sobresueldos y así, intentó justificar parte de los ingresos que abultaron su patrimonio. No obstante, fue condenada por enriquecimiento ilícito.
La Justicia determinó en un primer momento que difícilmente pudiera justificar su evolución patrimonial con el sueldo que recibía como funcionario.
Rodríguez, según los datos relevados en su momento por la fiscalía a Página/12, cuando llegó al Gobierno nacional, tenía un departamento en avenida Callao. Su sueldo era entonces de 1800 pesos y luego trepó a 6000, a lo que se agregaron otros 6000 de gastos protocolares. Con el tiempo, el ex jefe de gabinete y ex ministro de Educación adquirió otro departamento en el mismo edificio donde vivía, 200 hectáreas en San Antonio de Areco, otro departamento en la calle Gelly y Obes, otro en Figueroa Alcorta y uno más para su hija, a quien también le compró un Renault Clío. Sus últimos ahorros declarados fueron de 230 mil dólares. También se sospechaba de bienes en Miami (Estados Unidos) y Montevideo (Uruguay).
La Cámara Nacional de Apelaciones inicialmente había confirmado el procesamiento. Sin embargo, después la Cámara de Casación Penal estableció que la causa había prescripto.
Rodríguez estaba acusado del delito de enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 268 (2), del Código Penal, que establece una pena máxima de 6 años de prisión.
El imputado ejerció distintos cargos como funcionario público entre el 4 de diciembre de 1992 y el 9 de diciembre de 1999.
La Cámara Federal argumentó que "para la fecha en que Rodríguez se desvinculó de la función pública, 9 de diciembre de 1999, la figura (del artículo 268 (2), C.P.) ya había sido modificada por la ley 25.188 (Boletín Oficial 1/11/99), extendiéndose por dos años el plazo durante el cual el funcionario que cesa en su cargo o empleo público tiene que justificar la legitimidad de su incremento patrimonial".
De ese modo, el cómputo de la prescripción debería contarse desde el 9 de diciembre de 2001, según la Cámara. Y recién prescribiría la causa seis años después: el 9 de diciembre de 2007.
La Justicia, para interrumpir la prescripción, lo convocó a una declaración indagatoria. Lo hizo sólo dos días antes de que prescribiera: mandó la célula el 7 de diciembre de 2001. Pero no le puso fecha a ese llamado.
De esa manera, la defensa del ex funcionario consideró que "no hubo un llamado" a indagatoria y que no tuvo efecto interruptor a la prescripción.
Casación Penal adhirió a esa postura. "El auto del 7 de diciembre de 2007 no surtía ningún efecto respecto del imputado porque no lo citaba a comparecer ni lo emplazaba a realizar ninguna conducta ni cumplir con ninguna carga", expresó el juez Luis García. Su voto fue respaldado por los jueces Gustavo Mitchell y Guillermo Yacobucci.
Comentá la nota