Mientras en la Legislatura porteña avanza el procedimiento para designar a los nuevos representantes de los diputados en el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires, se ultiman detalles para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo martes 9 de noviembre entre los abogados.

Luego de la victoria de Cambio Pluralista con Alejandro Fargosi y Juan Pablo Zanetta en las elecciones del Consejo de la Magistratura de la Nación el 31 de agosto pasado con el 60 % de los votos (ver nota), se reedita el acuerdo entre radicales, PRO, liberales e independientes con Javier Concepción y Gisela Candarle (lista 12) al Consejo de la Ciudad.

Los candidatos afirmaron que trabajarán "para un Consejo con transparencia en los procesos de gobierno y administración de Justicia; que defienda a los abogados y construya sobre el diálogo político y la cooperación institucional para lograr un servicio de excelencia para los profesionales y la ciudadanía".

Asimismo, aseguraron que "Cambio Pluralista defiende los valores y aspiraciones de un electorado cansado de los atropellos que algunas listas opositoras proponen como único modelo de Justicia y de administración".

"Queremos representar la voz y la voluntad de la mayoría de los argentinos que quieren olvidar la crispación y fomentar la paz social. La justicia es un elemento indispensable para este fin", dijo Javier Concepción.

Por su parte, Gisela Candarle indicó: "Vamos a seguir trabajando para fortalecer la independencia judicial y asegurar un Consejo equilibrado, así como un ejercicio digno de parte de los abogados".

Este espacio también expresó: "Es fundamental que los tribunales locales cuenten con el presupuesto, las infraestructuras y tecnologías necesarias para asegurar un servicio de Justicia respetable; que se dicte una ley de aranceles para la Ciudad; que no exista la saturación de expedientes que caracteriza, hoy, al Fuero Contencioso Administrativo porteño. La progresiva transferencia de competencias penales a la Justicia de la Ciudad no debiera perjudicar las garantías de las personas, las condiciones de trabajo de los letrados ni las obligaciones presupuestarias asumidas por el Estado".