Ortiz Pellegrini no habla con este diario sobre su caso e incluso ha trabado demandas contra tres de sus periodistas por "calumnias e injurias". La razón es simple: una respuesta intolerante porque desde estas páginas el caso tomó notoriedad pública y desde ellas mismas surgieron elementos de prueba tomados por la comisión legislativa que lo investigó.

Como se sabe, el bloque radical a través de su titular, Hipólito Faustinelli, y Miguel Nicolás, declararán a los medios que no tienen ninguna duda de que Ortiz Pellegrini violó la Constitución. En consecuencia, se lo debe sancionar.

Aunque la sanción condigna a un legislador que viola el texto sobre el que juró al asumir es la expulsión, la bancada de la UCR optó por el subterfugio de no expedirse sobre la sanción que le corresponde e, incluso, admitir que la postura que predomina es la propuesta por Nicolás: que el juecista sea suspendido hasta que cesen las irregularidades que comete.

Aun tibia, esta postura -si el peronismo la hace suya ante la imposibilidad de lograr los dos tercios para una sanción más severa- obligaría a Ortiz Pellegrini a convertirse en un violador confeso de la Constitución de Córdoba con tal de retener su banca. Todos los legisladores consultados coinciden en que existe tal disposición.

Sería una solución sólo para Ortiz Pellegrini, con costo máximo para el juecismo, porque el "Partido Nuevo contra la Corrupción, por la Honestidad, la Transparencia y el Trabajo" tendría sentado al frente de su bloque a un violador de la Constitución, con dificultades para suscribir a cada uno de los términos de la extensa denominación, excepciones hechas de "Nuevo" y "Trabajo", porque hasta aquí nunca se ha puesto en duda que -al menos en los juicios contra la Tamse- efectivamente trabajó.

En el propio bloque que preside, Ortiz Pellegrini tiene muchos cuestionamientos internos, al margen de la opinión ya conocida de Rodrigo de la Serna que, en declaraciones a La Voz, reconoció los pecados de su jefe y lo hizo merecedor de una sanción ética.

Por ejemplo, Eduardo Bichoff, César Serra, Adela Coria y Raúl Jiménez, también tienen una opinión crítica contra el legislador investigado, aunque no se animen, como lo hizo Serna, a manifestarlo públicamente. Mucho menos, a asumir una postura "no orgánica".

Es por lo menos sugestivo el silencio que ha mantenido Luis Juez sobre el caso. Posiblemente, el bloque espera alguna señal del ideólogo del "fin del choreo" o, incluso, conocer con más precisión la postura que asumirá la bancada radical.

Aunque es probable que Juez haga lo que se sabe hacen los perros pillados en determinada flagrancia, sus legisladores esperan su definición. Máxime después de su más reciente filípica: "En un país de choros, nos alcanza con ser decentes".