En febrero de este año el expediente ya había cumplido 15 años de antigüedad. A la llamada causa del carpintero Montiel le operó la caducidad de la acción penal. Aquel modesto trabajador de la madera que facturó más de 600 mil dólares sin saberlo (la suma trepa después a 1.300.000), en tiempos que Raúl Rolando Romero Feris era gobernador de la provincia.

La principal involucrada en una las causas más resonantes de corrupción estatal, era su hermana, la otrora subsecretaria de Acción Social Lidia Amanda Romero Feris viuda de Cotello. La también ex ministra de Educación pasó largos meses de cárcel en el Pelletier por este desfalco. Como dato, una ex diputada nacional del PJ, estuvo imputada en el proceso.

Actualmente el clan Romero Feris ataca a destajo al Superior Tribunal de Justicia (STJ) por no haber aceptado una casación sobre el cómputo de condenas que el líder nuevista debe cumplir y que buscó que se rechace. Tan fuerte embestida, que logró que sus socios conservadores en la legislatura, hasta el propio justicialismo, impulsen juicios políticos contra los miembros del máximo órgano judicial de la provincia.

Ministros y Fiscal General incluido, osaron mojarle la oreja al ex mandatario provincial, hoy en día, uno de los empresarios ganaderos más importantes de la región. Antes asumir su gobierno en diciembre de 1993, su renta personal era sumamente delicada en materia financiera.

Lo más preocupante, que una vez más la jueza Laura Varela (instrucción Nº5) mandó camino al crematorio a otro símbolo del atropello a los fondos del erario público que terminaron por enriquecer ilícitamente a los funcionarios públicos de turno.

Ante lo había hecho con la causa de los u$s60 millones, considerado el robo del milenio y que tiene como su mayor protagonista al diputado nacional (UCR), Oscar Raúl Aguad, ex interventor federal en Corrientes que hipotecó por décadas una buena porción de los recursos de la municipalidad capitalina. En diciembre de 2007 Varela había dictado la caducidad del chorreo cordobés, fallo ratificado por un tribunal de alzada en 2011, pero que fue revocado por el STJ este año.

EXPEDIENTE 31.253

“LUQUE MONICA, PEÑA DE FERNÁNDEZ JUANA, TABERNERO JENSEN CRISTINA, CARMONA DE FERRAGUT MARIA E., ROMERO DE COTELO LIDIA AMANDA Y OTROS P/SUPUESTA DEFRAUDACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO - CAPITAL”.-

CALIFICACIÓN LEGAL: Art. 45, 55, 261, 292 del Código Penal.-

IMPUTADOS: FUNCIONARIOS DE ACCION SOCIAL DE LA PROVINCIA

EL CASO: Según surge de autos, se hallan descriptos varios hechos plenamente diferenciados, aún cuando participen de una afín metodología:

El ciudadano Juan de la Cruz Montiel, de profesión carpintero, para poder desarrollar su actividad laboral se había inscripto en la Dirección General de Rentas (DGR) y en la D.G.I. (actual AFIP). Tras los trámites de rigor ante esos dos organismos, Montiel se hace imprimir sus talonarios de facturación con el correspondiente número de CUIT asignado.

Sus cuadernillos fueron confeccionados en su momento por la imprenta “Artes Gráficas de Pedro Romero”. El 14 de junio de 1995, ante lo escaso de sus ingresos, el modesto carpintero solicita su baja (como monotributista) en la D.G.I. Su última factura (la número 7 del talonario) la había extendido el 15 de julio de 1994.

Posteriormente en razón de haberse ordenado realizar una serie de fiscalizaciones a varios empleados de la DGR, obedeciendo órdenes de sus superiores inmediatos (contador Ramón Quiroz), se presentan en el domicilio comercial “Carpintería Montiel”, el 13 de agosto de 1996, los funcionarios Andrés Pablo Sussini y Francisco Morello, quienes confeccionan Acta de Inicio de verificación, Acta de requerimiento de documentación y Acta cuestionario. Montiel le comunicó a Morello y Sussini que no tenía en su poder las facturas “por habérselas dado al contador Maximowicz”, quien le ayudó a pedir la baja en la D.G.I. Asimismo les informa que también recibido asesoramiento del abogado Núñez Camelino para iguales trámites.

El 30 de julio de 1996, tras la inspección se constata que el carpintero Montiel solamente había expedido siete facturas, la última fecha 15/07/94. Morillo y Sussini deciden intervenir el talonario de facturas impresas en Artes Gráficas. Algo que no lo obtienen porque Montiel no los tenía en su poder (o no se las entregó preventivamente).

El 21 de octubre de 1995 se informa mediante acta de determinación de montos que Montiel había facturado por trabajos realizados en carpintería durante 1995, una suma de $660.134,64 y en el período correspondiente a 1996 el valor alcanzaría a $720.138,65 lo cual hace un total de: $ 1.380.273,20. Se señala en las actas de finalización de la inspección, que la base para determinar montos fueron facturas que Montiel por distintos mobiliarios a la Subsecretaría de Acción Social.

Más allá del Acta de Determinación de Montos, se advertía lo imposible: Montiel en su precaria carpintería de escaso y casi nulo nivel de producción, había llegado a confeccionar camas, cunas, mesas, entre otros elementos, por montos que llegaban a superar el millón trescientos mil pesos (conversión del uno a uno) solicitados por el organismo que conducía Romero Feris de Cotello.

Asustado Montiel, tras una serie de averiguaciones, descubrió que las facturas que se le cargaban, no eran suyas. Jamás podría llegar a la producción expuesta en los comprobantes, que ahora aparecían como confeccionados por la Imprenta Del Sol y no por Artes Gráficas.

Montiel decide entonces entrevistarse con la entonces Subsecretaría de Acción Social en busca de alguna explicación. Romero Feris de Cotello, le sugirió que “haga una presentación”, que ella iba a investigar. Montiel regresó varias veces, pero nunca obtuvo una respuesta. Su abogado Núñez Camelino le comunica que no lo iba a seguir representando, decidiendo contratar a otros profesionales radicando la denuncia penal ante la Fiscalía Nº2 a cargo de César Sotelo (actual Fiscal General).

Por la apócrifa facturación de Montiel, la Subsecretaría de Acción Social, libró veinte cheques que fueron efectivamente cobrados.

Las facturas impresas por la Imprenta Del Sol resultaron falsas, esa gráfica nunca existió, aunque los recibos fueron extendidos y el dinero percibido. Montiel nunca sería proveedor mayoritario de la Subsecretaría de Acción Social.

Alguna vez por pedido del hijo del entonces Presidente de la Comisión Vecinal del CARIDI confeccionó dos mesas y compró cuarenta sillas, a las cuales lijó y ajustó los bulones, entregándolas al comedor de ese barrio, percibiendo un dinero proveniente de Programas Nacionales. Tras aquella pequeña operación, alguien despertó la idea de involucrar el nombre de Juan de la Cruz Montiel, para concretar los desfalcos y peculados por muebles que jamás se confeccionaron.