Precisamente, este organización creó la campaña Dulce Veneno, que según explican se trata de una iniciativa en defensa de los derechos a la alimentación y a la salud. La abogada Yessika Hoyos, vocera de esa campaña, señaló que "el impuesto tiene todo el sustento técnico para cumplir con las funciones de proteger a los ciudadanos y además contribuir con un presupuesto que es necesario para la reforma del sistema de salud"

Hoyos manifestó que las organizaciones que han trabajado por más de seis años por hacer realidad ese tributo le hacen un llamado a José Antonio Ocampo, nuevo ministro de Hacienda, y a Luis Carlos Reyes, nuevo director de la Dian, así como a quienes trabajan en la elaboración de la nueva reforma tributaria, para ser escuchadas.

"Desde hace años hemos impulsado en el Congreso y con los gobiernos la medida que siempre es archivada porque los intereses de la industria se ponen por encima de los derechos ciudadanos", agregó la vocera.

Desde la campaña argumentan que este impuesto "busca desestimular el consumo de este dulce veneno que hace mucho daño a los niños, niñas y adolescentes, quienes son los que más toman gaseosas, jugos endulzados y aguas saborizadas en los colegios públicos y privados".

El Cajar ha denunciado que el consumo de productos comestibles o bebibles ultra-procesados, comúnmente conocidos como 'comida chatarra', tiene incidencia en el padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, problemas cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, cuyo tratamiento, aseguran, le cuesta a las finanzas públicas un gasto anual de cerca de 25 billones de pesos.

¿Qué dice el gobierno electo?

Esta semana Luis Carlos Reyes, el director designado de la Dian, dijo que no se propondría la implementación de impuestos a las bebidas azucaradas y los planes de celulares, como lo habían mencionado las ministras designadas de Salud y de Cultura, respectivamente.

Reyes explicó que no se tocarán "las finanzas del colombiano de a pie" y que, por el contrario, se discutirán "todas las posibilidades que estén sobre la mesa, siempre teniendo en cuenta que a la persona de clase trabajadora no debería cobrársele un peso más en impuestos". Y en ese orden de ideas, aseguró que si el impuesto a las bebidas azucaradas "toca el bolsillo del colombiano de a pie" no se propondría.

El director designado afirmó que lo que se busca con la nueva reforma tributaria es proteger las finanzas de la clase media y la clase baja.

Cabe mencionar que, en días anteriores, la ministra designada de Salud, Carolina Corcho, mencionó que se propondría en el Congreso un impuesto a las bebidas azucaradas, con lo cual no sólo se busca mejorar las condiciones de salud de muchos colombianos sino que sea una fuente de recaudos.

La idea fue apoyada por Ricardo Bonilla, quien es uno de los asesores del presidente electo Gustavo Petro en los temas tributarios. Bonilla señaló se busca que ese tributo haga parte de lo que se denominan los impuestos territoriales.

Y explicó que dicho impuesto tiene una destinación específica, que es para los departamentos, pero aclaró que se trata de un impuesto disuasivo porque el objetivo es que, si bien al inicio se recaudaría más dinero, al final se desincentivaría el consumo de las bebidas azucaradas.