El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), a cargo de la ministra Teresa Barán, convocó a una licitación pública para la ampliación de una planta embotelladora que se encuentra en la ciudad de San Lorenzo, con un presupuesto de G. 1.830.370.346.

La planta ya debía estar operativa entre finales del 2024 e inicios del año 2025, produciendo unos 500 bidones de 20 litros por hora, por el que el Estado ya invirtió más de G. 2.600.000.000 mediante un préstamo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la AECID en el año 2022.

La primera licitación (ID 406630) para la construcción de obras civiles y la provisión, montaje y puesta en funcionamiento de una planta purificadora y embotelladora con capacidad de 500 bidones/hora, fue adjudicada a la empresa Arar Casola Ingeniería SA (ACSA), por G. 2.314.167.166, según contrato N° 36/2022, donde establecían requerimientos técnicos y el plazo de finalización de obras al 31 de diciembre del 2024.

A este contrato se sumaron dos adendas que aumentaron el presupuesto más de G. 340.000.000.

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Estas adendas legalizan que Senasa pague al contratista por trabajos que excedieron el cálculo inicial del contrato original y aseguran que la planta cuente con todos los componentes terminados antes de la entrega definitiva. Sin embargo, la planta no funciona hasta la actualidad.

En cuanto a la nueva licitación, la administración actual, encabezada por el director Ejecutivo Fernando García, introdujo cambios mediante la Adenda Nº 1 y la Versión 2 del pliego.

Mientras el contrato de 2022 exigía un sistema de lavado, llenado y tapado automático, la nueva licitación cambia hacia una lavadora y enjuagadora manual.

Asimismo, se flexibilizó en el nuevo llamado la experiencia exigida a los oferentes: de requerir tres contratos similares en los últimos cinco años, el nuevo pliego ahora solo exige dos contratos en un lapso de diez años.

respuesta. Alfonso Bogarín, coordinador general de Proyectos del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, explicó los pormenores del proceso de rescisión contractual de una obra cuya recepción provisoria se realizó en noviembre de 2024.

Detalló que, tras la recepción provisoria, se dejaron asentadas observaciones menores como detalles de pintura y zócalos que, a criterio de la fiscalización de obras, no eran sustanciales ni impedían la puesta en operación. Sin embargo, el contratista debía proveer insumos, repuestos y bidones necesarios para la puesta en marcha, además de ejecutar el plan de operación, mantenimiento y capacitación durante 90 días, etapa en la que se debía abonar el 10% restante del contrato.

Según Bogarín, el conflicto surgió cuando el contratista no presentó un plan adecuado de operación y capacitación, incumplió con actividades técnicas previstas y, posteriormente, se negó a renovar la póliza de garantía de fiel cumplimiento, requisito indispensable en contratos de obra pública.

“El motivo fundamental de rescisión de contrato es no mantener las garantías contractuales”, afirmó. Indicó que pese a intentos de diálogo y reuniones en enero del 2024, la empresa no regularizó su situación ni renovó la garantía, alegando falta de recursos y solicitando pagos que administrativamente no podían procesarse sin póliza vigente. Finalmente, el caso fue elevado a asesoría jurídica del Ministerio de Salud.

Tras el rechazo de un recurso de reconsideración presentado por la firma, la asesoría jurídica remitió en diciembre el caso a la Procuraduría para iniciar acciones judiciales tendientes al cobro del 10% del monto total del contrato por incumplimiento.

Bogarín aclaró que tampoco se abonó el saldo correspondiente a la etapa final ni se devolvió la retención caucional, ya que esta solo procede con la recepción definitiva.

En cuanto a la nueva licitación, dijo que se trata de obras complementarias que estarán en un espacio contiguo. Se trata de un módulo de limpieza y un depósito de almacenamiento de bidones.

Para cubrir lo pendiente, harán otra licitación al terminar el litigio con la empresa Arar Casola Ingeniería SA.