Hoy a las 18 vence el plazo para que ciudadanos particulares y organizaciones de la sociedad civil presenten ante la comisión de Acuerdos del Senado de la Nación impugnaciones u objeciones sobre la designación de los jueces que ocuparían los tres cargos vacantes en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba: Eduardo Daniel Ávalos, DNI 16.083.281 (Expediente PE-326/14); Graciela Susana Montesi, DNI 14.892.747 (Expediente PE-327/14) y Liliana del Valle Navarro, DNI 16.158.454 (Expediente PE-328/14). Los dos primeros son para la Sala A de la Cámara, y la tercera para la Sala B. 

Hasta ayer, nadie había presentado objeciones, y el camino a la Audiencia Pública del 19 de noviembre parece allanado. A partir de allí, con dictamen favorable de la comisión de Acuerdos que preside el senador Marcelo Guinle (Frente para la Victoria), los pliegos estarán listos para ser tratados en el pleno de la Cámara alta.

Si todo esto sucede, más temprano que tarde Córdoba habrá ubicado en la Cámara Federal a una jueza, Liliana Navarro, que estuvo casada con un represor de la ex D2 de la Policía, Pedro Nolasco Bustos, condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal Nº 2 por el homicidio de Carlos Oliva, Jorge Diez y Ana Villanueva, tres jóvenes de la JUP, en un hecho sucedido en 1976. Actualmente está imputado en otra causa por crímenes de lesa humanidad que se instruye en el Juzgado Federal Nº 3.

En el extenso período que transcurrió desde que se conoció la postulación de Navarro a la Cámara Federal, hasta la fecha límite de hoy, la única objeción que se conoció provino del dirigente Miguel Baronetto.

El abogado Claudio Orosz, querellante en la causa La Perla y abogado de HIJOS, confirmó al diario LA MAÑANA que las organizaciones de derechos humanos de Córdoba no impugnarán el pliego de Navarro. “Nosotros nos fijamos si los postulantes están en el listado de nombres de represores de la dictadura, si tienen antecedentes penales, o si han sido condenados por delitos de lesa humanidad. Fuera de eso, no nos metemos”, señaló Orosz, quien justamente integró la querella del juicio que condenó a Nolasco Bustos en 2012. Además, el letrado remarcó que Navarro “ya está divorciada” del represor, y que en los años de la dictadura “tenía quince años”.

- ¿Justamente en la Cámara Federal de Córdoba, una provincia muy golpeada por el terrorismo de Estado, con un movimiento de Derechos Humanos tan fuerte, tiene que haber una vocal de Cámara que haya sido mujer de un represor condenado?

- No nos parece correcto impugnar por eso, está divorciada legalmente, y creemos que las responsabilidades son individuales. Ya no hay un código religioso donde las responsabilidades se transmiten de padre a hijo y entre esposos.

- Navarro mantiene contacto con Nolasco, ya que lleva al hijo en común a visitarlo a la cárcel de Bouwer, donde está preso.

- Como cualquiera podría llevar a sus hijos a ver a su excónyuge.

- ¿Qué va a pasar cuando algunas de las causas por delitos de lesa humanidad lleguen en apelación a la Cámara Federal?

- Podría haber pedidos de apartamiento.

Cabe destacar que sobre la Cámara Federal recaen no sólo las apelaciones de los juicios sustanciados en Córdoba, sino los de la provincia de La Rioja. Entre ellos, el expediente donde se investiga la actuación durante la dictadura del actual jefe de las Fuerzas Armadas, teniente general César Milani. 

Con la decisión de los organismos de Derechos Humanos  de no intervenir para evitar el ascenso de la actual secretaria penal del Juzgado Federal Nº 1, ayer surgió el rumor de que el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que dirige el periodista Horacio Verbitsky, presentaría hoy una impugnación, casi sobre la hora.