El Movimiento Barrios Unidos viene realizando una iniciativa en esta Capital, que se enmarca dentro de una campaña en todo el país, para exigir el cierre de los prostíbulos que se llevará a cabo el 15 de junio.

En ese sentido, Carolina González, encargada del área de Género de esta agrupación, hizo hincapié en el "sistema prostibulario debido a la complicidad de la policía, los organismos de inspección y el poder político en todos los estamentos".

Y manifestó su disconformidad respecto de los operativos de control que se llevaron a cabo en días pasados en algunos de los locales comerciales de esta Capital, donde las autoridades policiales y municipales aseguraban que tenían todos los papeles en orden, no se detectó la presencia de menores y que aparentemente las mujeres que se hallaban en esos lugares estaban por voluntad propia.

La dirigente social sostuvo que "cunde la alarma cuando una institución como el Municipio, encargada de las habilitaciones y controles comerciales, reconoce la existencia de prostíbulos en lugares habilitados por la misma municipalidad como whiskería".

Frente a esta afirmación el director general de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Municipio, Ricardo García, salió a responder las declaraciones. En diálogo con Continental Corrientes, el funcionario aclaró que las habilitaciones son de vieja data y aseguró que la Comuna realiza permanentes controles "estrictos y sorpresivos" para determinar irregularidades.

Según García, los funcionarios municipales concurren siempre acompañados por efectivos de la Policía Federal para desechar con frecuencia la sospecha de la trata de personas. "Se hacen operativos sorpresivos justamente para que si existe alguna irregularidad se la compruebe de inmediato. Además, las mujeres que trabajan en ese lugar son sometidas cada 15 días a un examen médico", sostuvo.

También explicó que los estudios médicos que exige la libreta sanitaria incluyen análisis del HIV. "Hay ordenanzas vigentes hace muchos años, de lo contrario no hubiesen existido estos negocios y hace tiempo habría caído todo el peso de la ley, incluso de la Justicia Federal", analizó.

García aseguró también que Corrientes es uno de los pocos lugares en el país que cuenta con una ordenanza que habilita este tipo de lugares. El objetivo de los operativos "es determinar que no existe trata de personas básicamente y se realizarían "de oficio" por orden de la Justicia Federal. En Capital hay seis whiskerías habilitadas o con trámite precario de habilitación", según las palabras del funcionario.