La sentencia estableció que en un plazo de 30 días, los jueces y funcionarios de la Justicia Provincial que presentaron amparos, deberán recibir el pago del 50 por ciento de la diferencia salarial para un cargo equivalente en la Justicia Federal.

Por otra parte, dio un plazo de 60 días para que los poderes Ejecutivo y Legislativo instrumenten las herramientas financieras, presupuestarias y normativas para concretar el pago del restante 50 por ciento.

En caso de incumplimientos, la sentencia prevé una actualización progresiva del 12,5% semestral que se computará desde el primer vencimiento. Además, los amparistas recibirán en el futuro los aumentos que se otorguen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La sentencia fue votada y rubricada por los ministros Toledo, Lucas y Avalos. Los jueces Grillo y Modi estaban inhibidos para la votación. Sin embargo, la mayoría conformada por los tres integrantes habilitó la votación, en este caso, unánime.

Si bien no hubo información oficial al respecto, se estima que el Poder Ejecutivo se notificará este viernes del fallo del Superior Tribunal de Justicia haciendo lugar a un recurso de amparo promovido por 187 magistrados y funcionarios desde el año 2005, ya trascendió que la postura que asumirá el Gobierno Provincial será la de impulsar la apelación, en este caso con la presentación de un recurso extraordinario federal, acción que promoverá la Fiscalía de Estado ante la Corte Suprema de Justicia, sosteniendo que desde todo punto de vista este fallo resulta inconstitucional, ya que violenta los artículos 57 y 136 de la carta magna chaqueña.

Fuentes del Ejecutivo señalaron extraoficialmente la imposibilidad absoluta de hacer lugar a lo que impone esta sentencia, porque la diferencia salarial con los magistrados federales es muy grande y cumplir la misma resultará imposible para los recursos de la tesorería.

Esas mismas fuentes llegaron a comparar esta medida con la operación de los "fondos buitre" contra la República Argentina, porque se trata de un salto extraordinario en las retribuciones de los magistrados provinciales. Además, no se puede omitir que existe en la provincia la vigencia de la conocida "ley de enganche" y que alrededor de 3000 empleados judiciales están expectantes con un fallo de este alcance para obtener su participación.