La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó este jueves determinar la eventual responsabilidad penal del ex presidente Mauricio Macri, del ex ministro de Defensa Oscar Aguad y del ex jefe de la Armada Marcelo Srur en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 17 de noviembre de 2017.

 

 

Así, el fallo del tribunal de apelaciones confirmó la mayoría de los procesamientos dispuestos por jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, sobre altos mandos de la Armada, pero revocó el punto con el que la magistrada había desvinculado de la investigación al ex mandatario y a sus ex funcionarios.

Paralelamente, se dispuso el sobreseimiento del ex jefe del departamento logística de la fuerza submarina Jorge Sulia, y del ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada Eduardo Malchiodi.

Además de Macri y Aguad, quedaron procesados el ex comandante de la fuerza de submarinos Claudio Villamilde; el ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso; y el ex jefe de departamento de operaciones Hugo Miguel Correa.

 

Los ex altos mandos de la Armada se encuentran procesados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal.

El tribunal ordenó además la realización de una pericia técnico-informática sobre el material fílmico y mosaico de fotografías correspondientes al hallazgo del submarino  por parte de la empresa Ocean Infinity, y otra pericia integrada por un cuerpo de técnicos en la especialidad submarinista o ingenieros navales.

La investigación y citación a indagatoria de Macri, Aguad y Srur había sido solicitada por la querella mayoritaria de familiares de tripulantes del ARA San Juan, encabezada por la abogada Valeria Carreras.

 

 

En relación al ex presidente y al ex ministro de Defensa, se busca acreditar su conocimiento sobre la realización del ejercicio naval, y las constancias que den cuenta de los recortes presupuestarios que afectaban a las fuerzas armadas y en particular a los buques que participaban del ejercicio en cuestión.

“Del mismo modo, no se ha indagado sobre las autorizaciones ministeriales, asignaciones presupuestarias, si ha mediado una política de ajuste y qué incidencia pudieron tener en la calidad, frecuencia y eficiencia de las tareas de mantenimiento, empezando por la reparación de 'media vida' como relevante para el estado de alistamiento que presentaba el SUSJ en octubre y noviembre de 2017", señala el fallo de los camaristas. 

"Estas razones impiden -al menos en este estado del proceso- descartar definitivamente, que el Ejecutivo Nacional por vía del Ministerio de Defensa y a través de sus Secretarías de Estado respectivas, no tuviera participación alguna en los hechos que se investigan", concluyeron los jueces quienes además tacharon de "prematura" la desvinculación de Srur de la causa.