El juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer la detención del ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime (2003-2009) en el marco de la causa que investiga actos de corrupción en la contratación de obras del tren que uniría a San Miguel de Tucumán con la ciudad Concepción. El Gobierno nacional pagó más de 8 millones de pesos para completar dicho ramal, lo cual no se concretó. Las vías jamás vieron pasar al "tren fantasma", como fue bautizado por el ingenio popular.

En su sentencia, el magistrado trabó un embargo de 3 millones para Jaime y los otros procesados, entre quienes se encuentra el ex líder del Sindicato Ferroviario Hugo Pedraza, actualmente preso por otra causa, y su esposa Graciela Coria.

Bonadio rechazó un pedido de exención de prisión del ex funcionario kirchnerista acusado de corrupción, quien hasta el cierre de esta edición permanecía prófugo de la Justicia.

Las maniobras en perjuicio del Estado que investiga la Justicia y que determinaron el procesamiento con prisión efectiva de Jaime están relacionadas al pago de un sobreprecio por más de 2 millones de pesos en las tareas para poner en funcionamiento el tren a Concepción, obras que estuvieron a cargo de la empresa "Luis Carlos Zonis S.A.".

El costo fue de ocho millones de pesos, pero a partir de una misiva que envió Jaime al presidente de la empresa SOESA, que administraba el ferrocarril Belgrano Cargas, el monto que finalmente pagó el Estado fue de más de diez millones de pesos.

Por eso fue procesado Jaime, junto a Pedraza, Coria, Ángel Stafforini, el presidente de SOESA Luigi Capelli, y el ex interventor en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Pedro Ochoa Romero.

El Belgrano Cargas era presidido por Coria -en nombre de La Unión Ferroviaria- y administrado por SOESA, integrada por varias operadoras ferroviarias. Stafforini era el vice del Belgrano Cargas y Ochoa Romero fue quien autorizó la realización de la obra y quien avaló el aumento no justificado de los costos.

La decisión de Bonadio de detener a Jaime se basa en la cantidad de causas abiertas que tiene el funcionario (unas 20), varias de ellas elevadas a juicio oral y público. Jaime debe ir a juicio porque empresarios del transporte le pagaban viajes en taxis aéreos para que fuera a pasear lejos de Buenos Aires. Otra causa que lo compromete es porque el dueño de la Terminal de Ómnibus de Retiro, que obtuvo una concesión bajo la órbita de Jaime, pagaba el alquiler de su departamento. El tercer juicio comenzará el 30 de julio en Córdoba porque Jaime intentó robarse pruebas de un allanamiento correspondiente a la causa por enriquecimiento ilícito en la que un peritaje determinó que no puede justificar sus bienes.

Tal vez la más grave de las acusaciones en su contra es la que lo llevará a sentarse en el banquillo de los acusados por la Tragedia de Once. En la misma es investigado junto a su sucesor en el cargo, Juan Pablo Schiavi, entre otros funcionarios que deberán responder por los cargos de no haber controlado el modo en que se administraban los millonarios fondos estatales destinados a la explotación del Ferrocarril Sarmiento.

Con esa cantidad de expedientes en las puertas del juicio oral y con, además, unos quince procesos abiertos por casos de corrupción, el juez Bonadio consideró que existe peligro de fuga de Jaime y de entorpecimiento de las investigaciones en trámite. Y por eso ordenó detenerlo.

Prófugo

Según informó la agencia DyN Jaime no se presentará en la Justicia hasta tanto la Cámara Federal resuelva el planteo de exención de prisión que sus "abogados realizarán el próximo lunes ante ese tribunal, luego del rechazo del juez Bonadio a ese requerimiento.

"No se va a presentar porque no están dadas las mínimas garantías para hacerlo y esperaremos la resolución de la Cámara Federal de feria", le dijeron allegados a su defensa.

Las fuentes consultadas señalaron que el ex funcionario se encuentra en el país, pero prefirieron no dar precisiones del lugar donde está. En tanto, la Delegación Córdoba de la Policía Federal se presentó este viernes en el domicilio de Jaime en Villa Carlos Paz pero no lo encontró.

Promesas incumplidas

Las obras de recuperación del tren desde la Capital hacia Concepción fueron anunciadas por el Gobierno tucumano en mayo de 2004. La Secretaría de Transporte le asignó 8 millones de pesos a la empresa Belgrano Cargas para reparar 73 kilómetros de vías por donde debía circular el servicio. Un mes después se comenzó a trabajar en el primer tramo del trayecto, pero la obra se detuvo porque la empresa "Luis Carlos Zonis SA" afirmó que nunca recibió el dinero presupuestado. En marzo de 2006, José Alperovich anunció que la obra se iniciaría en "10 o 15 días". "El tren es una promesa que dimos. La empresa ya está trabajando en la reparación de las vías desde San Miguel de Tucumán hasta Concepción. Nos encontramos con algunos problemas, ya que muchas personas se han radicado a la vera de estos caminos. Las reubicaremos y en febrero estimo que la máquina estará funcionando", dijo Alperovich en julio de ese mismo año.

En mayo último, Alperovich se enojó con los periodistas que le consultaron sobre la causa que investiga Bonadio y el pedido de informes realizado por el senador José Cano en la Nación ante la constatación de que la obra pagada no llegó a realizarse (ver nota aparte). "No tenemos nada que ver con eso", planteó, ofuscado, el Gobernador.