Recién este miércoles a las 18 horas se conocerá la sentencia respecto del juicio por las coimas del acueducto del Río Colorado. La Cámara del Crimen 1 pateó por 24 horas esa resolución porque un día de paro  de los empleados judiciales la semana pasada atrasó los trámites. Será este miércoles la definición respecto de si la causa está prescripta -como planteó la defensa-, o si los acusados deben ser absueltos o condenados. 

El fiscal Jorge Marcelo Amado pidió la pena de tres años y dos meses de prisión para el exasesor y presidente de la COTARC, Enrique Romero Oneto, y para el exjefe de la inspección, Carlos Oppezzo, acusados de recibir y pagar coimas en el marco de la construcción de la primera etapa del Acueducto del Río Colorado. También solicitó la inhabilitación absoluta para ocupar cargo públicos para Romero Oneto. 

Los alegatos se se escucharon el martes pasado. Romero Oneto y Oppezzo están acusados por el delito de cohecho pasivo y activo, en forma continuada, durante la construcción del primer tramo del Acueducto del Río Colorado. El primero cobró 59 cheques mensuales extendidos por el segundo durante casi cinco años, un “sobresueldo” por un total de 86.352 mil pesos, entre noviembre de 1998 y diciembre de 2003.

El fiscal Amado dijo que Oppezzo pagaba “para que se hiciera la vista gorda” y que Romero Oneto “facilitara la operatoria y renovación de los contratos”. Aseveró que se trató de “un acto típico de corrupción”. En cambio, los defensores reiteraron que el juicio no llega en un plazo “razonable”. El abogado Sebastián País Rojo, defensor de Romero Oneto, pidió la absolución bajo la interpretación de que no se determinó “cuál era el fin concreto de la supuesta coima”, es decir: qué hizo o dejó de hacer su defendido.

El fiscal Amado consideró que el “sobresueldo” que recibía Romero Oneto “era para facilitar la operatoria dentro de la función de control que cumplía” Oppezzo, que estaba a cargo de la inspección de la obra. También desestimó el descargo de que los pagos obedecían a un asesoramiento jurídico porque se iniciaron dos meses después de que Romero Oneto integró la COTARC y se extendieron hasta el mismo momento de su desvinculación.

“En cinco años no hubo un solo caso de judicialización. No sé en qué lo asesoraba”, dijo. Además, el fiscal acotó que, de haber efectuado realmente un asesoramiento jurídico particular, habría sido “hasta poco ético”.

País Rojo planteó la prescripción de la causa o la nulidad porque la demora en el juicio hasta un plazo poco razonable. En forma subsidiaria, planteó la absolución porque, argumentó, no se determinó el fin concreto del supuesto acuerdo entre su defendido y Oppezzo.

El abogado insistió con la coartada del asesoramiento jurídico y resaltó que se pagaron cheques y su defendido pagó impuestos por las sumas cobradas. “Lejos se parece a una maniobra venal u oculta”, dijo.

Por su parte, el abogado de Oppezzo, Mariano Alomar, coincidió en el pedido de prescripción y nulidad del juicio. Adhirió al alegato anterior. Manifestó que “no se acreditó el acuerdo venal” e insistió en cuestionar las pruebas de la causa porque le habrían robado el talonario de la chequera de la oficina de Oppezzo.