Lejos de sentirse contrariada, la oposición celebraría como un triunfo propio el eventual veto presidencial a la ley de superpoderes presupuestarios -resta aún la aprobación del Senado- o de cualquier otra norma que logre aprobar en el Congreso. Las razones, sin embargo, distan entre quienes pretenden acorralar al kirchnerismo y quienes ambicionan con sucederlo en la Casa Rosada.

El sentido común indicaría que un veto presidencial a una ley opositora sería visto como una derrota de quienes la impulsaron, máxime cuando está visto que cada norma demanda largas semanas de dificultosas negociaciones entre los bloques opositores. Obviamente, si la presidenta fulminara una ley con el veto, de inmediato sobrevendría un coro de indignadas voces opositoras para reprochar su actitud, pero muchos dirigentes celebrarían por lo bajo esa medida.

"Ojalá la presidenta vete la ley de superpoderes o cualquier ley opositora. Ya de por sí la aprobación de la norma sería todo un triunfo para la oposición y ganaría la tapa de los principales diarios. El veto evidenciaría que esa ley molesta al Gobierno, pues lo obliga a mostrar su cara autoritaria. Eso le sirve a la oposición, porque el escándalo se instalaría públicamente y sería todo costo para el Gobierno", deslizan encumbrados diputados opositores.

Claro que hay otros dirigentes de la oposición que, con la mira puesta en las elecciones presidenciales 2011, también celebrarían un veto presidencial, aunque por otros motivos.

En efecto, hay sectores en la oposición que se creen con posibilidades ciertas de suceder al kirchnerismo en las próximas elecciones y que preferirían, secretamente, que algunas iniciativas que ahora se impulsan a limitar el ejercicio del poder -como por ejemplo, la eliminación de los superpoderes presupuestarios- finalmente no prosperen. La presidenta les haría el favor con un veto.

Más allá de las suspicacias, lo cierto es que la oposición ya salió a despotricar con dureza la amenaza del kirchnerismo de vetar la eliminación de los superpoderes, si es que el proyecto votado anteayer por los diputados es refrendado en la Cámara alta y llega a convertirse en ley.

"Va a paralizar a la Nación y las instituciones, a cuenta y riesgo de su propio poder", fustigó Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica. "Si la Presidenta vetara la norma, se pondría en evidencia la vocación constante del Gobierno por evitar los controles, la transparencia y la rendición de sus actos", cuestionó, por su parte, Margarita Stolbizer (GEN).

"Un veto presidencial a esta o a cualquier ley que aliente la oposición demostraría que el Gobierno quiere gestionar sin el Congreso, porque ya dejó de ser su escribanía", criticó el diputado Gustavo Ferrari, del PJ Federal.