La pelea de la oposición por conocer la trama del expediente por el que el ministro de Salud, Pablo Yedlin, autorizó un pago de $ 800.000 a una fundación se dará en dos frentes: en los tribunales provinciales y en el Congreso de la Nación.

Tal como advirtió LA GACETA en su edición del miércoles, el Tribunal de Cuentas (TC) rechazó formalmente una resolución del presidente del Siprosa, cargo que ejerce Yedlin. Puntualmente, el órgano de control cuestionó que la Fundación Salud (Funsal) se haya inscripto para facturar los servicios prestados al Gobierno tres meses después de haber dictado cursos sobre endodoncia a odontólogos y a auxiliares. Además, observó que el Ministerio de Salud no consignó los documentos de identidad de las personas que figuran como asistentes a la capacitación. Por ese motivo, el TC dispuso el inicio de una comprobación sumaria, a los efectos de determinar si se produjo un daño al erario.

Presentación formal

El viernes por la tarde, un dirigente justicialista disidente y el vicepresidente de la Unión Cívica Radical presentaron una denuncia penal conjunta en contra de Yedlin; del ministro de Salud de la Nación, el vicegobernador (en uso de licencia) Juan Manzur; y del presidente de Funsal, el profesional chileno Héctor Silva Olivares.

Los abogados Oscar López (distanciado del PJ) y Raúl Moreno (ex concejal y referente de la UCR) pidieron que la Justicia investigue si es posible que los funcionarios hayan incurrido en la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; malversación de caudales públicos; falsificación de instrumentos públicos; abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario; y asociación ilícita.

"Este hecho implica una escalada de la intensidad delictiva en el funcionamiento de la administración alperovichista. Yedlin inició, cual ministro curandero, un negocio de palabra con una fundación que existió legalmente a partir de julio de 2009", arremetió López, ya que los cursos se iniciaron en mayo y el alta de la Dirección de Personas Jurídicas para la fundación es del 2 de julio.

En su denuncia, López y Moreno fueron categóricos. "Se violentó el debido proceso administrativo que impone al Estado actuar dentro del marco de la ley y de los actos dictados en su consecuencia, cuyos efectos debieron concretarse hacia el futuro y no retroactivamente. A la administración le está vedado actuar por la vía de los hechos. Tampoco los instrumentos expresan ninguna causal de necesidad y urgencia que justifique la violación de las formalidades establecidas por la Ley de Administración Financiera", plantearon los letrados.

Bicameral

Por su parte, la diputada nacional por la Unión Cívica Radical, Norah Castaldo, presentó un proyecto de resolución en la Cámara Baja. En el escrito, planteó su inquietud por las presuntas irregularidades cometidas en el Ministerio de Salud Pública de la Provincia.

Según la parlamentaria de la oposición, la iniciativa tiende a lograr que el Poder Ejecutivo Nacional solicite informes a la Provincia sobre la polémica contratación de la Fundación Salud.

"Esta investigación puede tener continuidad en la comisión bicameral de seguimiento de planes asistenciales que hay en el Congreso. Lo ameritan las improlijidades con la que se manejó esta contratación del Siprosa", advirtió Castaldo.