Juecistas y radicales reclamaron al gobernador José Manuel de la Sota que incluya la distribución de la jugosa pauta publicitaria de la Provincia, en el decreto de supuesta defensa de la libertad de prensa que presentó el viernes en el Centro Cívico.

El Decreto Nº 525, que esta semana el Ejecutivo girará a la Legislatura para su ratificación, garantiza “el pleno ejercicio de la libertad de expresión, opinión y prensa para todos quienes pisen el territorio de la provincia de Córdoba y ejerzan esas libertades dentro de los límites” que fijan la Constitución Nacional y provincial. Se trata de un instrumento que según los especialistas en derecho de la información y constitucionalistas sólo tiene valor político, en tanto la libertad de expresión y de prensa tienen rango constitucional y son materia legislativa de la Nación. De la Sota lanzó su decreto dos días después de que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, lanzara el suyo en respuesta a los rumores de supuesta intervención del Grupo Clarín, disparados y luego relativizados por el mismo grupo monopólico.

Según Liliana Montero, presidenta del bloque del Frente Cívico en la Unicameral, el instrumento es cuestión “es parte de una puesta en escena de De la Sota, porque no suma nada a lo que ya dice la Constitución de la Nación y de Córdoba”. Para ampliar sus alcances, la legisladora reclamó al mandatario que “distribuya equitativamente la pauta publicitaria, porque la libertad de prensa también tiene que ver con el uso de los recursos publicitarios, de lo contrario ese decreto está vacío de contenido”. Tras recordar que el Gobierno de Córdoba gasta más de 500 millones al año en publicidad, Montero dijo que “si De la Sota se quiere promocionar políticamente a nivel nacional, por lo menos que rinda cuentas de lo que gasta en publicidad en medios de todo el país”.

El radical Eduardo Yuni, titular del bloque radical en la Legislatura, también reclamó que De la Sota agregue a su proyecto de supuesta defensa de la libertad de prensa un artículo que contemple la distribución de la pauta publicitaria en todos los medios de comunicación de la provincia. “Eso también hace a la libertad de expresión”, afirmó Yuni a este diario, tras recordar que el Gobierno de Córdoba gastó en 2012 “unos 600 millones de pesos” en propaganda oficial.

Además, el bloque radical pretende que el proyecto de De la Sota consolide las exenciones impositivas que gozan los medios de comunicación en Cordoba. “Hoy lo que rige es una exención provisoria de Ingresos Brutos para los medios, pero hay que consolidar esa política impositiva”, indicó Yuni.

Con todo, el radical aclaró que si el Gobierno envía directamente el Decreto 525 para ser refrendado legislativamente, el texto original del instrumento no podría modificarse. Para agregar modificaciones, el Ejecutivo debería girar un proyecto de ley.

Yuni criticó a De la Sota por “sobreactuar” sobre el tema y remarcó que la Constitución de Córdoba y de la Nación protegen la libertad de expresión y de opinión.

Pretto, con proyecto propio

En tanto, el legislador macrista Javier Pretto, presentó ayer su propio proyecto de ley de protección de la libertad de prensa en la provincia, en sintonía con el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó la semana pasada el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y que ayer comenzó a tratarse en la Legislatura porteña.

Pretto espera para estos días una respuesta de las autoridades de la cámara a su pedido de abandonar el bloque de Unión por Córdoba y formar el bloque del PRO Córdoba, “con el objetivo de darle entidad a este espacio que se referencia en Mauricio Macri”, según explicó.