Con ex aristas y socialistas apoyando en general la controvertida iniciativa, el Gobierno cree haber obtenido una legitimidad adicional. La posición de los socialistas será objeto de críticas y sospechas. Los voceros legislativos de este sector expresaron que desde su creación, en 1994, están en contra del régimen de capitalización. Sin embargo, han hecho propuestas de modificación que cuestionan la esencia del proyecto oficial. Si en el debate en particular los socialistas no son capaces de imponer esas reformas, quedarán dudas sobre la conveniencia de su voto favorable al oficialismo.

El kirchnerismo logró envolver a la oposición en un debate sobre las formas y no sobre el fondo de la cuestión. Es que puede discutirse si los fondos jubilatorios deben ser administrados por el Estado, por las AFJP o por ambos. Lo que no puede convalidarse es un saqueo de los aportes hechos por los futuros jubilados.

La oposición no sólo perdió una batalla legislativa. Ha desperdiciado una inmejorable oportunidad para unirse en defensa de principios elementales que están siendo vulnerados, más allá de las bondades o desventajas de cualquier sistema jubilatorio.

Nunca en este debate estuvo en juego qué es lo mejor para los aportantes al sistema previsional. Si ése hubiera sido el fin, no habrían tenido lugar el apresuramiento y la improvisación que impuso el Gobierno.

La proyectada norma le posibilitará al Poder Ejecutivo algo incluso más gravitante en su esquema de poder que afrontar compromisos de la deuda. Le permitirá manejar un pozo millonario para hacer clientelismo y obras públicas en un año electoral. La gobernabilidad pasa para los Kirchner por la administración más discrecional posible de una gran caja. Es la caja o la muerte.

En las últimas semanas, el Gobierno actuó como si ya fuera el dueño de los fondos administrados por las AFJP y, por si fuera poco, le dejó servida en bandeja al juez Thomas Griesa la posibilidad de bloquear fondos de los afiliados a las AFJP en los Estados Unidos ante la inminencia de que pasen al Estado argentino. Para los bonistas extranjeros que impulsan esas acciones, el tema central es si hay estatización de los fondos. Para los futuros jubilados argentinos, la cuestión es otra: ¿se estatizarán sus ahorros o, como tantas otras veces, simplemente se los robarán?