Hace un mes y una semana que se instaló en una gran casa estilo chalet sobre Córdoba al 1264, habitada hasta antes de su llegada por un reconocido ingeniero de esta capital, Miguel Alegre y mostró la propiedad de grandes proporciones a cronista y fotógrafo de “época”. Después en su oficina reiteró a lo largo de una hora de charla algo que lo desvela. “Es fundamental que me respeten el presupuesto”, dijo varias veces, y anunció que antes de fin de año pedirá una modificación a la Ley 5.888 por la que rige sus funciones.

Un artículo de la norma “me inhibe en muchas acciones que podría llevar adelante”, explicó. Se trata de presentaciones que pudiera recibir el abogado penalista, pero que antes de llegar a sus manos ya hayan sido llevadas ante la Justicia. “Muchos casos se dan que la gente inició acciones civiles contra algo que interpreta como perjuicio. El artículo que quiero modificar trata sobre eso; no es que me inhiba en todos los casos, pero sí en algunos yo no podría intervenir si es que ya hay una causa en lo civil o administrativo”, subrayó.

Esa modificación a la ley será presentada a los legisladores antes de que termine este año, incluso antes de finalizar el periodo de sesiones ordinarias o durante la prórroga a ese lapso solicitada habitualmente por los legisladores para continuar sesionando hasta mediados de diciembre.

“Sé perfectamente lo que tengo que hacer para modificar ese artículo -dijo-; no es algo que lleve mucho tiempo y por eso lo haré de manera inmediata”. Alegre estima que con la modificación de la Ley que regula sus funciones podrá tener una mayor libertad de acción ante los requerimientos de la gente.

De hecho, su trabajo versa sobre “investigaciones de oficio y de encontrar en ellas alguna comisión de un delito; como organismo puedo avanzar en una presentación judicial”. Claro que en el caso del abogado también está obligado a hacerlo. Su condición de funcionario público le exige denunciar ante estrados judiciales algún delito que pueda encontrar en su camino cuando atiende alguna denuncia de particulares o instituciones.

En ciernes

Con una plantilla de ocho empleados la flamante sede de la Defensoría del Pueblo está en sus albores. Equipos de aire acondicionado esperan para ser instalados. Al igual que los mobiliarios y computadoras que fueron donados por el Banco de Corrientes.

En el acceso a la casa funcionan las oficinas de atención al público. Una chimenea en total desuso que cumple la sola función de adorno decorativo. La planta baja se conforma con una mesa rectangular, una pared sostiene la gigantografía oficial con el slogan del Gobierno: “Arriba Corrientes”, con un fondo en verde profundo.

Arriba están las habitaciones familiares que ahora albergarán oficinas, más el despacho del titular del organismo. Una escalera de hierro lleva al patio trasero donde aguarda una tentadora parrilla.

Para 2011 la idea de su titular, siempre y cuando se respeten los $2,5 millones de presupuesto para todo ese año, es incrementar a 20 trabajadores el organismo. En cuanto a los defensores adjuntos, Marco Costa y Ramón Ferreyra, funcionan como el resto de los empleados. Deben cumplir tareas diarias en la dependencia “con la lectura y armado de expedientes correspondientes a las denuncias que recibimos”, detalló Alegre.

La DPEC lidera la lista de denuncias, también el agua potable en San Luis

Desde el pasado 1 de noviembre, cuando inició su función, Miguel Alegre recibió 50 denuncias. La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) lidera esa lista. Solamente en la hora que compartió el Defensor del Pueblo con “época” su teléfono móvil recibió al menos siete llamadas, de las cuales varias eran sobre problemas de facturación -en perjuicio de los usuarios- y la falta de instalación de medidores en propiedades verticales.

“Es algo extraño porque hay edificios que consiguen de manera rápida los aparatos y otros deben esperar meses y años. Se manejan mientras con medidores de obra que generan inconvenientes para la gente”, explicó.

Justamente una mujer, encargada de un consorcio, llamó para pedir asesoramiento ante una denuncia por la falta de medidores en un edificio de reciente construcción y ocupación de propietarios. El siguiente reclamo que se sumó en los últimos días fue por el mal servicio de agua potable en San Luis del Palmar (difundido en varias ediciones de “época”). Cortes reiterados tanto de mañana y de tarde, cada vez más extensos en el tiempo. Además de la pésima calidad del líquido que llega con sedimentos a los hogares. También cuestiones atinentes al medio ambiente, como ser la construcción de una mega-represa en el Arroyo Ayuí para incrementar la producción arrocera en el centro de la provincia, figuran en el listado de reclamos.

Todas las presentaciones llevan el mismo procedimiento: se hace un expedientes y es sometido a análisis para ver si es “procedente”. Jurídicamente significa si es viable o tienen sustento.