Con el decreto presidencial para que el Estado se convierta en querellante en la causa por el corte de ruta de Gualeguaychú ya publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno apuesta a un rápido avance de la investigación y a la inmediata citación de los diez asambleístas denunciados por la Casa Rosada.

Según confió un ministro a LA NACION, una vez publicado el decreto que firmó la Presidenta el viernes pasado, la justicia de Concepción del Uruguay podrá poner en marcha la investigación. "Esperamos que no se dilaten los tiempos judiciales una vez que ya se publicó el decreto presidencial", sostuvo un alto funcionario.

De todas maneras, el Estado deberá esperar el visto bueno del juez Gustavo Pimentel para que lo acepte como querellante. Confiados, en Balcarce 50 interpretan que no habrá demoras y que serán aceptados.

Según dijeron fuentes oficiales al tanto de la denuncia presentada por el Gobierno, una vez que el juez acepte la querella del Estado, que podría ser hoy mismo, el procurador del Tesoro, Joaquín da Rocha, presentará en los tribunales de Concepción del Uruguay más pruebas contra los asambleístas.

Da Rocha redactó el escrito sobre la base de las declaraciones públicas de los manifestantes, que, una vez conocido el fallo del magistrado que el martes pasado ordenó liberar la ruta, habían amenazado con no firmar las notificaciones que hiciera la Gendarmería en caso de presentarse con la medida judicial ante los asambleístas que interrumpen el puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos. "Si aparecen nuevos líderes de la protesta se incorporarán como denunciados por parte del Estado", advirtió un ministro, en una muestra de la estrategia encarada por la Casa Rosada para asustar a los ambientalistas.

En Balcarce 50, dicen no tener temor a las posibles denuncias de los manifestantes, que la semana pasada prometieron públicamente dar nombres de los "instigadores" dentro del propio Gobierno que supuestamente apoyaron el mantenimiento del corte de ruta.

Las novedades empezaron a llegar tan tarde que sorprendió a más de uno. Eran las 22 cuando un ministro llamó a la quinta de Olivos para contarle a la presidenta Cristina Kirchner las noticias que llegaban desde Gualeguaychú.

Con el correr de los minutos, el Gobierno ya se mostraba eufórico; creía que la flexibilidad mostrada por la asamblea ambiental había sido consecuencia de la presión judicial que ejerció la Casa Rosada y ya ponían el ojo del otro lado del río. La presión ahora es lograr que el presidente uruguayo, José Mujica, acceda a realizar dentro de la pastera de UPM (ex Botnia) el monitoreo ambiental que exigió el reciente fallo de la Corte Internacional de La Haya, que estableció que ambos gobiernos se comprometieran a realizar los análisis correspondientes para descartar que la planta contamine.

"¡Buenísimo!", fue la exclamación de un alto funcionario, cuando se enteró anoche por LA NACION de que el núcleo duro de asambleístas había propuesto que se levantara por 60 días el corte de ruta que ya lleva tres años y medio, a cambio de que el gobierno de Cristina Kirchner lograra convencer a Uruguay de hacer los controles desde dentro de la pastera ubicada en Fray Bentos.

"Nosotros estamos dispuestos a integrarlos a la comisión. Esto es excelente", insistía una alta fuente que no podía salir de su asombro.

En medio de una contenida euforia, los habituales voceros oficiales prefirieron ayer guardar silencio y sólo hablaron off the record , a la espera de tener más precisiones desde Gualeguaychú. "Por ahora, no vamos a hacer ningún comentario", respondió el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a través de sus colaboradores. Ya estaba al tanto de que la asamblea estaba cerca de tomar esta determinación.

"Esto es producto de la presión jurídica. La estrategia sirvió", se elogiaba una fuente que participó del entramado judicial con el que sorprendió el Gobierno el miércoles pasado, cuando anunció que querellaba civil y penalmente a un grupo de diez ambientalistas por 18 delitos, entre ellos, homicidio culposo, después de que el juez Gustavo Pimentel ordenara liberar la ruta 136.

Casi tan rápido como se iban enterando los principales funcionarios del gobierno nacional y cruzaban llamadas entre ellos, desde la Casa Rosada comenzaron a plantear que ahora la última palabra la tendría Mujica, que deberá negociar con la empresa el ingreso a la planta para la toma de las muestras, tal como piden los ambientalistas.

Anoche, en el fragor de las noticias, no se descartaba avanzar cuanto antes en un nuevo encuentro entre la Presidenta y su par uruguayo para negociar una salida. Ambos mandatarios habían acordado hace apenas dos semanas la conformación de un equipo de trabajo que debería resolver en 60 días de qué manera se hacía el monitoreo conjunto que exigió La Haya. Pero entonces y ahora la resistencia uruguaya era ayer un tema que había vuelto a preocupar en Balcarce 50.

Aunque lo pida la asamblea ambiental, la Casa Rosada evitará una reunión de la jefa del Estado o algún funcionario nacional con los asambleístas, y anoche vaticinaban que dejarán que sea el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, el encargado de negociar. La postura oficial es que, con la denuncia en los tribunales contra los manifestantes, era imposible sentarse a negociar con ellos.