El trámite burocrático habitual toma especial relevancia porque se trata del primer procedimiento para aprobar pliegos a funcionarios judiciales luego del cortocircuito entre el Senado y la Justicia provincial.

En la sesión del Senado del 3 de marzo, la Cámara alta fijó para mañana la Audiencia Pública donde se conocerán las impugnaciones que se pudieran haber efectuado a la candidatura de Barry. También los senadores tendrán oportunidad de conocer al postulante para cubrir la fiscalía goyana.

Sin embargo, en la sesión del 17 de marzo, los senadores amenazaron con no aprobar nuevos Acuerdos a futuros magistrados y funcionarios judiciales si el Consejo de la Magistratura (institución que evalúa y selecciona a los candidatos) no remite la totalidad de los antecedentes de quienes ocuparían los altos cargos en la Justicia.

En la misma sesión del 17 de marzo, como prueba de que cumplirían su palabra, los senadores frenaron el ingreso del expediente que contemplaba la solicitud de Acuerdo para Ramón Francisco Romero para el cargo de Juez de Instrucción y Correccional de Saladas.

A pesar de la amenaza, el presidente del Superior Tribunal de Justicia y titular del Consejo de la Magistratura, Carlos Rubín, adelantó que sólo remitirá los antecedentes personales y profesionales de los candidatos y no así datos que pudieran afectar la intimidad de los futuros magistrados (los test psicológicos, por ejemplo).

Las leyes vigentes señalan que los senadores tienen 45 días desde el ingreso del expediente (3 de marzo) para prestarle, o no, el Acuerdo a Barry.