Richard Cárdenas, vocero de estos profesionales -de los cuales cinco tienen sus consultorios en Caleta Olivia- dijo a Diario Patagónico que la obra social provincial no responde a los insistentes llamados de actualización de un nuevo convenio que implicaría una “recomposición de los valores de nuestros honorarios médicos”.

Por ahora está en vigencia el que acordó en febrero de 2011, aunque en la práctica el mismo recién se puso en marcha en noviembre de 2012.

Cárdenas también citó que “en febrero de 2013 informamos al secretario de la intervención en la Caja de Servicios Sociales, Diego Gauna, que las prestaciones serían suspendidas debido a la falta de una respuesta concreta y coherente. Esto hizo que prometiera ponerse a trabajar para llegar a un acuerdo que resultara favorable para todos”.

Luego de ello -acotó-, se acordó poner en práctica un anexo al contrato de servicios, pero el área de auditoría médica comenzó a rechazar solicitudes que incluían gastos por material descartable y elementos de origen importado.

Al respecto, explicó que “debido a los costos variables de nuestra economía por cuestiones de inflación, valor del dólar y euro, resulta inviable fijar montos o costos en esos ítems, lo cual generó malestar en la CSS”.

CUESTIONA IDONEIDAD

Por todo ello, Cárdenas manifestó que “sin dudas estamos en la antesala de un conflicto de escala mayúscula a la vivida en 2008 cuando los oftalmólogos privados renunciamos a atender a esta obra social por el mismo motivo y los pacientes tuvieron que ser derivados a Río Gallegos, Comodoro Rivadavia o Buenos Aires, lo cual generó inmensos gastos para la Caja”.

Finalmente se preguntó si el gobernador Daniel Peralta conoce cuál es la idoneidad de los funcionarios que prestan servicios en la citada repartición provincial, ya que en definitiva los perjudicados son los trabajadores de la administración pública y sus grupos familiares.