El fiscal de Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción, Julio Vitobello, aseguró que el pedido de la diputada de la Coalición Cívica "es grave" porque "evidencia un desconocimiento de toda la legislación vigente en la materia, que fuera sancionada precisamente por el gobierno del que la diputada fue parte".

En un comunicado de prensa, la OA le recordó a la ex ministra de Trabajo durante el gobierno de Fernando De la Rúa que la "normativa vigente establece que dicha intimación corresponde a las distintas áreas de Recursos Humanos" de los organismos para los que trabajan dichos funcionarios, y adjuntó también los artículos que establecen los mecanismos para su aplicación.

En ese sentido, Vitobello acusó a Patricia Bullrich de "solicitar medidas sin fundamento con el único objetivo de tener repercusión mediática", y dio por cerrado el tema sobre el que se recordaron los artículos contemplados en la Resolución 1000/2000 begin_of_the_skype_highlighting 1000/2000 end_of_the_skype_highlighting firmada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En esos artículos, se establece que las "áreas tienen un plazo de 30 días hábiles para remitir dichos ejemplares a la OA", y que ante la falta de cumplimiento "el funcionario debe ser intimado por el responsable de recursos humanos" para que cumpla con la presentación en un plazo de 15 días hábiles.

Ante una persistencia en el incumplimiento de su obligación, el mismo responsable del organismo "debe comunicarlo a la OA para la formulación de la denuncia penal", como lo ha hecho este año con alrededor de 35 casos, informaron.