A partir del mediodía, ingresarán en la residencia presidencial de Olivos más de un centenar de diputados y senadores del Frente para la Victoria. Con un menú bien criollo (empanadas, asado y vino), Cristina Fernández apuntará también a crear un ambiente de camaradería y mística. Hace por lo menos un año y ocho meses que no acuden en masa los legisladores a un encuentro con la jefa de Estado.

Después de un mensaje de bienvenida, la Presidenta repasará cifras de cómo se distribuyen los recursos hacia el interior del país. Por ejemplo, planteará que el Programa de Asistencia Financiera implica unos 12.000 millones de pesos anuales y que el Fondo Federal Solidario reparte 6.000 millones de pesos. Recordará que este último, además, fue creado por decreto de necesidad y urgencia con parte de lo recaudado por las exportaciones de soja. En el almuerzo en el quincho de la residencia estarán también el plantel completo de ministros y el diputado Néstor Kirchner. El mismo escenario prepara la Casa Rosada para alinear a gobernadores peronistas y aliados la próxima semana. La discusión por el manejo de los fondos y el uso de reservas del Banco Central para pagar deuda son asuntos de alta sensibilidad para el Gobierno.

En su discurso, la Presidenta hará eje en discutir una nueva ley de coparticipación federal. Si bien no está previsto que haga anuncios, una alternativa que barajaron en Olivos para azuzar la bandera del "federalismo" y sumar voluntades es condonar parte de las deudas de las provincias. Según explicaron a este diario dos kirchneristas con diálogo directo con Kirchner, eso podría canalizarse a través de un artilugio incluido en el último presupuesto aprobado por el Congreso. Se trata del artículo 75, que habilita a la Nación a "acordar quita, espera, remisión y renovación de deudas, tanto de capital como de intereses" de los pasivos provinciales.

En un segundo plano, Cristina pedirá que sus legisladores impulsen dos proyectos que acaba de enviar al Parlamento. Son reformas a la Ley Penal Tributaria, que agrava las penas a los grandes evasores, y la de Quiebras, que facilita la continuidad de empresas y puestos de trabajo.

En el Senado, el arco opositor –UCR, Peronismo Federal, Coalición Cívica y Socialismo– emitió un dictamen que establece un nuevo reparto del impuesto a las transferencias de créditos y débitos bancarios, instaurado por Domingo Cavallo en 2001. Ese esquema prevé pasar de 15 a 54 por ciento del total recaudado a las provincias, esto es, más $ 11.000 millones de pesos que se sustraerían de las arcas nacionales. Por eso, el Gobierno denuncia un intento de "desfinanciar" la gestión.

Hasta después de Semana Santa, no se tratará el despacho de comisión en el recinto. Eso arregló el bloque oficialista, comandado por Miguel Ángel Pichetto, con el resto del conglomerado anti-K. Con un escenario de empate frecuente, los dos bandos miden fuerzas. Según admitieron a este diario fuentes de la bancada del Frente para la Victoria, un puñado de senadores puso reparos en votar en contra del proyecto, temiendo resucitar la imagen "antifederal" que los perjudicó con el debate por la resolución 125, en plena pelea con el campo. Por otro lado, el arco opositor teme deserciones en este impasse legislativo. Un importante senador confió a Crítica de la Argentina que la fuerte influencia del Gobierno sobre algunos gobernadores dará vuelta voluntades, como la de Horacio Lores, del Movimiento Popular Neuquino, usual aliado del oficialismo que esta vez se había encolumnado detrás del antikirchnerismo.