Para el 7 de agosto, José Manuel de la Sota ya presentó a la laboulayense Alicia Pregno y Luis Juez al jesusmariense Marcelino Gatica, mientras que es casi un hecho que Oscar Aguad anunciará el viernes a un candidato a vice no capitalino.

Más allá del dato estadístico o de la particularidad de que De la Sota tenga domicilio ahora en Río Cuarto, es un elemento que revela cómo Córdoba reproduce, en parte y bastante más atenuado, el centralismo que padece en el contexto federal.

La Córdoba que se queja, entre otras cosas, por la discriminación de los subsidios nacionales en diferentes servicios públicos esenciales y que paga impuestos para que Capital Federal y el Gran Buenos Aires gocen de tarifas muy por debajo de los costos del resto del país, condena a sus habitantes del interior a subsidiarles tarifas de agua u obras viales a los usuarios capitalinos. Por cierto, la proporción es menor de lo que ocurre con la relación interior del país-porteños.

Un elemento que se ha notado cada vez de modo más contundente en las últimas votaciones es la disparidad del comportamiento electoral de los cordobeses.

Aquella Córdoba que votaba más o menos parecido en toda su geografía tiene desde hace un par de elecciones una conducta marcadamente diferente, en especial a medida que se aleja de la Capital. Como si fuera una reproducción en miniatura de las diferentes realidades que coexisten en Argentina, esta provincia también muestra hoy contextos muy distintos.

Otra cuestión por considerar es que en esta elección de gobernador habrá una escasa incidencia de la tracción de las disputas municipales, ya que si bien hay unos 200 municipios y comunas que votan junto con la provincial el 7 de agosto, representan alrededor del 20 por ciento del padrón total. Esto es porque las ciudades más importantes votaron o votarán en otras fechas.

A los intendentes y dirigentes del interior les cuesta cada vez más tener proyección política provincial. Hay sobrados ejemplos en el justicialismo –que sigue en el poder gracias al voto del interior– y en el radicalismo, mientras que el juecismo sigue exhibiendo escasísima presencia territorial.

Así, con casi tres décadas de democracia recuperada, la política grande en Córdoba sigue estando reservada para los que la hacen en la Capital, que con alrededor de 40 por ciento de la población sigue prevaleciendo en forma notoria sobre el variopinto interior provincial.